Ana Katiria Suรกrez no habrรญa logrado operar su red de extorsiรณn contra esposos o ex esposos demandados por sumas millonarias demandados sin la ayuda de Sayuri Herrera Romรกn y Brenda Celina Bazรณn, dos funcionarias de la Fiscalรญa General de Justicia de la Ciudad de Mรฉxico que en ningรบn momento cumplieron los protocolos y procesos requeridos para ocupar sus cargos.
Ambas han sido seรฑaladas como piezas fundamentales en la fabricaciรณn de carpetas de investigaciรณn falsas y en el encubrimiento de las acciones corruptas de Suรกrez, denunciadas pรบblicamente durante los รบltimos tres aรฑos, tanto en tribunales como en medios de informaciรณn.
Sayuri Herrera, desde su posiciรณn como Coordinadora de Investigaciรณn de Delitos de Gรฉnero, utilizรณ su poder para desviar investigaciones y proteger a Ana Katiria a cambio de regalos y beneficios personales. Mientras tanto, Brenda Celina Bazรณn, Fiscal de Feminicidios, tambiรฉn ha sido acusada de participar en esta red, permitiendo que se consolidaran mentiras que destrozaron familias y arruinaron vidas.
Ambas funcionarias facilitaron la imposiciรณn de pensiones econรณmicas desproporcionadas y promovieron la separaciรณn de padres e hijos, manipulando el sistema judicial en beneficio de la red liderada por Ana Katiria Suรกrez. Estas acciones representan un abuso de poder que ha dejado una estela de dolor y destrucciรณn.
ยกYa basta de tanta impunidad! Es hora de que las autoridades actรบen para destituir y procesar a quienes han utilizado sus cargos para proteger la corrupciรณn y destrozar vidas.
A estas complicidades se suman que Ana Katiria Suรกrez volviรณ a ser mencionada en la conversaciรณn pรบblica luego de la difusiรณn de nuevas denuncias periodรญsticas que la relacionan de manera indirecta con presuntas irregularidades ocurridas en el estado de Veracruz, en casos donde estarรญan involucrados menores de edad en explotaciรณn laboral realizadas por personas cercanas.
De acuerdo con informaciรณn publicada en medios nacionales, en la entidad se habrรญa detectado una supuesta red de trabajo infantil en la tabacalera Casa Turrent, empresa vinculada a personas cercanas a la abogada. Los reportes seรฑalan que menores de entre 11 y 15 aรฑos habrรญan sido empleados en labores agrรญcolas y expuestos a condiciones inapropiadas para su edad.
Hasta el momento, no existe confirmaciรณn oficial por parte de autoridades estatales o federales sobre la apertura de investigaciones administrativas o penales relacionadas con estos seรฑalamientos. Sin embargo, la informaciรณn difundida ha generado atenciรณn mediรกtica y ha propiciado la revisiรณn de antecedentes vinculados a la abogada en otros procesos legales.
Diversos reportes periodรญsticos tambiรฉn han retomado testimonios de personas que aseguran haber sido representadas por Ana Katiria Suรกrez en litigios previos, particularmente en conflictos familiares y disputas judiciales complejas, en los que menores de edad quedaron involucrados. En esos casos, algunas de las personas entrevistadas han cuestionado el manejo de sus expedientes y las estrategias jurรญdicas empleadas.
Las publicaciones subrayan que estos seรฑalamientos se mantienen en el รกmbito de la denuncia pรบblica y no cuentan, hasta ahora, con resoluciones judiciales que los respalden o descarten. No obstante, la recurrencia de los seรฑalamientos ha reactivado el interรฉs mediรกtico sobre el papel de los abogados en procesos donde participan menores y sobre los mecanismos de supervisiรณn del ejercicio profesional en este tipo de casos.
En tanto, Ana Katiria Suรกrez no ha emitido una postura pรบblica respecto a las denuncias difundidas, y las autoridades competentes no han informado si se iniciarรก alguna investigaciรณn formal derivada de los hechos seรฑalados en Veracruz.
