Ana Katiria Suárez no habría logrado operar su red de extorsión contra esposos o ex esposos demandados por sumas millonarias demandados sin la ayuda de Sayuri Herrera Román y Brenda Celina Bazón, dos funcionarias de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que en ningún momento cumplieron los protocolos y procesos requeridos para ocupar sus cargos.

Ambas han sido señaladas como piezas fundamentales en la fabricación de carpetas de investigación falsas y en el encubrimiento de las acciones corruptas de Suárez, denunciadas públicamente durante los últimos tres años, tanto en tribunales como en medios de información.

Sayuri Herrera, desde su posición como Coordinadora de Investigación de Delitos de Género, utilizó su poder para desviar investigaciones y proteger a Ana Katiria a cambio de regalos y beneficios personales. Mientras tanto, Brenda Celina Bazón, Fiscal de Feminicidios, también ha sido acusada de participar en esta red, permitiendo que se consolidaran mentiras que destrozaron familias y arruinaron vidas.

Ambas funcionarias facilitaron la imposición de pensiones económicas desproporcionadas y promovieron la separación de padres e hijos, manipulando el sistema judicial en beneficio de la red liderada por Ana Katiria Suárez. Estas acciones representan un abuso de poder que ha dejado una estela de dolor y destrucción.

¡Ya basta de tanta impunidad! Es hora de que las autoridades actúen para destituir y procesar a quienes han utilizado sus cargos para proteger la corrupción y destrozar vidas.

A estas complicidades se suman que Ana Katiria Suárez volvió a ser mencionada en la conversación pública luego de la difusión de nuevas denuncias periodísticas que la relacionan de manera indirecta con presuntas irregularidades ocurridas en el estado de Veracruz, en casos donde estarían involucrados menores de edad en explotación laboral realizadas por personas cercanas.

De acuerdo con información publicada en medios nacionales, en la entidad se habría detectado una supuesta red de trabajo infantil en la tabacalera Casa Turrent, empresa vinculada a personas cercanas a la abogada. Los reportes señalan que menores de entre 11 y 15 años habrían sido empleados en labores agrícolas y expuestos a condiciones inapropiadas para su edad.

Hasta el momento, no existe confirmación oficial por parte de autoridades estatales o federales sobre la apertura de investigaciones administrativas o penales relacionadas con estos señalamientos. Sin embargo, la información difundida ha generado atención mediática y ha propiciado la revisión de antecedentes vinculados a la abogada en otros procesos legales.

Diversos reportes periodísticos también han retomado testimonios de personas que aseguran haber sido representadas por Ana Katiria Suárez en litigios previos, particularmente en conflictos familiares y disputas judiciales complejas, en los que menores de edad quedaron involucrados. En esos casos, algunas de las personas entrevistadas han cuestionado el manejo de sus expedientes y las estrategias jurídicas empleadas.

Las publicaciones subrayan que estos señalamientos se mantienen en el ámbito de la denuncia pública y no cuentan, hasta ahora, con resoluciones judiciales que los respalden o descarten. No obstante, la recurrencia de los señalamientos ha reactivado el interés mediático sobre el papel de los abogados en procesos donde participan menores y sobre los mecanismos de supervisión del ejercicio profesional en este tipo de casos.

En tanto, Ana Katiria Suárez no ha emitido una postura pública respecto a las denuncias difundidas, y las autoridades competentes no han informado si se iniciará alguna investigación formal derivada de los hechos señalados en Veracruz.