Por José Aguiar

LIMA, 25 feb (Xinhua) — Con unas elecciones generales programadas para el próximo 12 de abril, la llegada del abogado y congresista de izquierdas José Balcázar a la Presidencia de Perú abre una nueva etapa de transición en un país marcado por la inestabilidad política y un calendario electoral inmediato.

La designación de Balcázar como jefe de Estado el pasado 18 de febrero no responde a una alternancia electoral, sino a una sucesión parlamentaria tras la destitución de su antecesor, José Jerí, lo que desde el inicio condiciona el alcance político de su gestión y delimita su rol dentro de un escenario institucional altamente fragmentado.

Para Jerjes Loayza, docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), la corta duración del mandato limita de manera significativa la capacidad de liderazgo del presidente interino, quien integra el partido Perú Libre, que llevó a Pedro Castillo (2021-2022) al poder.

En ese sentido, dijo a Xinhua que, aunque el rol de Balcázar es transitorio, la ciudadanía espera una actitud distinta frente a los desafíos urgentes, como la inseguridad, que se ha convertido en un tema central del debate público y exige respuestas que no pueden ser postergadas.

“La situación en el país es muy dura en términos de inseguridad, se está hablando mucho del tema, así que esta papa caliente inevitablemente va a exigir por parte de él que se tomen algunas acciones”, afirmó el sociólogo.

Balcázar, de 83 años, fue elegido con 64 votos como presidente del Congreso, y en consecuencia como presidente encargado de la República, en un proceso de votación legislativa donde se midió en una segunda vuelta con María del Carmen Alva, del partido Acción Popular, quien hasta ese momento figuraba como la favorita para ocupar el cargo.

En ese sentido, es importante mencionar que uno de los principales condicionantes del actual Gobierno es la relación con el Congreso, pues el respaldo parlamentario que permitió su elección no constituye una base sólida y permanente, sino una mayoría circunstancial sujeta a negociaciones políticas.

El Parlamento, con amplias facultades de control y remoción, pero con un alto rechazo ciudadano, se ha consolidado como un actor decisivo en la conducción política del país andino, lo que obliga al nuevo presidente interino a mantener una relación constante de diálogo para sostener la gobernabilidad hasta el final de su mandato, en julio de este año.

“Es una relación, como lo decía, de dependencia (…) una relación en la cual el Congreso va a determinar (el rumbo), como lo ha hecho en estos años”, acotó Loayza.

En el plano de la gestión, la conformación aún pendiente del gabinete adquiere un valor estratégico en este momento, por lo que, para el sociólogo, el Gobierno requiere un equipo ministerial con capacidad de diálogo, enfocado en generar consensos mínimos y asegurar una entrega del mando dentro de los plazos constitucionales.

“(Requiere) un gabinete dialogante, un gabinete que va a ser muy difícil que cambie las cosas en poco tiempo, pero que sí considere como fundamental el hecho de que es importante dialogar con todos los bandos, con todos los espacios, con todos los sectores de la población y también de los partidos”, añadió.

Garantizar la neutralidad del Estado y la transparencia de los comicios se presenta como una tarea central del Gobierno interino de Balcázar, quien ha asegurado que el país vivirá una transición “democrática”, “pacífica” y electoralmente ordenada.

En ese sentido, otro desafío clave de su gestión es la organización de las elecciones generales de abril próximo, sobre lo cual el analista advirtió que el principal riesgo institucional radica en que el Ejecutivo sea percibido únicamente como “una mera burocracia” en el proceso electoral.

La sucesión constante de presidentes, con Balcázar como el octavo en una década, ha tenido efectos acumulativos sobre la estabilidad de las políticas públicas, pues cada relevo implica cambios importantes dentro de la estructura gubernamental, impactando negativamente en las reformas y en las instituciones.

Loayza señaló que esta crisis de gobernabilidad es conocida a nivel internacional y ha convertido a Perú en un caso recurrente de estudio por su fragilidad institucional. Advirtió que parte de la población ha terminado normalizando esta inestabilidad.

La etapa que se abre hasta julio estará marcada por la necesidad de administrar un equilibrio político frágil, pues la ausencia de consensos duraderos en el Parlamento podría convertirse en un factor adicional de presión para el Ejecutivo durante la transición.

Para Loayza, el desafío mayor recaerá en el próximo Gobierno que asuma tras las elecciones, ya que la principal lección de esta nueva sucesión presidencial es la necesidad de reconstruir la legitimidad política y fortalecer la relación entre los poderes del Estado.

En un país donde los presidentes han demostrado ser reemplazables con facilidad, el futuro mandatario heredará una institucionalidad seriamente golpeada. En ese sentido, su tarea no solo será gobernar, sino restablecer la confianza en el sistema político y en la democracia.

Para Balcázar, el éxito de su gestión no se medirá por reformas ambiciosas, sino por su capacidad de conducir una transición sin sobresaltos. Evitar una nueva crisis y entregar el poder en julio dentro del marco constitucional será, en última instancia, su principal reto.