A fin de robustecer los mecanismos que promuevan la identificación temprana de niñas, niños y adolescentes en riesgo de ser captados para actividades vinculadas con la delincuencia organizada, el diputado Fernando Jorge Castro Trenti, de Morena, presentó una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del artículo 47 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

La modificación busca establecer que las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México están obligadas a tomar las medidas necesarias para identificar y detectar tempranamente los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por actividades vinculadas con grupos de delincuencia organizada.

Precisa que cuando las autoridades identifiquen esas situaciones previstas en las fracciones del artículo 47, deberán implementar medidas de protección y restitución integral de derechos, que incluyan, según corresponda, atención psicosocial, apoyo para su permanencia o reintegración educativa, fortalecimiento del entorno familiar y programas de reintegración social y comunitaria, conforme al interés superior de la niñez y a lo dispuesto en la Ley General de Víctimas y demás disposiciones aplicables.

La propuesta, turnada a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, señala que las y los menores requieren medidas de protección reforzada frente a contextos de violencia y criminalidad.

En este sentido, refiere que tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como el Comité de los Derechos del Niño han advertido que los Estados deben adoptar políticas públicas y marcos normativos que permitan prevenir, detectar y atender oportunamente las distintas formas de violencia que afectan a la infancia, incluidas aquellas relacionadas con la explotación, la utilización en actividades ilícitas y otras manifestaciones de criminalidad organizada.

Aclara que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece un sistema integral de protección que reconoce múltiples derechos de niñas, niños y adolescentes y define las obligaciones de las autoridades de los tres órdenes de gobierno para garantizar su pleno ejercicio.

Sin embargo, la evolución de los fenómenos delictivos y las transformaciones sociales que han tenido lugar en diversas regiones del país han generado nuevos desafíos que requieren fortalecer los mecanismos normativos existentes, particularmente en lo relativo a la prevención, identificación temprana y atención de situaciones que puedan poner en riesgo el desarrollo integral de este grupo de población.

En el documento se advierte que actualmente no existen estadísticas oficiales específicas sobre el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por agrupaciones delictivas en México, y diversos ejercicios de análisis de datos solo permiten aproximaciones al fenómeno.

No obstante, a partir de una metodología desarrollada por la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) con base en información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), particularmente del Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Estatales de 2021-2025, se estima que durante 2024 entre 388 y mil 84 personas adolescentes fueron privadas de la libertad por delitos comúnmente asociados con la delincuencia organizada, lo que sugiere que podrían tratarse de probables víctimas de reclutamiento por parte de grupos delictivos.

“La Red por los Derechos de la Infancia en México y el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad han advertido que entre 145 mil y 250 mil niñas, niños y adolescentes en el país se encuentran en riesgo de ser reclutados o utilizados por organizaciones delictivas”, agrega.