David Johnston era un abogado con licencia cuando entró ilegalmente al Capitolio con una turba de simpatizantes de Donald Trump el 6 de enero de 2021. Más de cinco años después, el hombre de Carolina del Sur se ofrece a ayudar a otros alzados a solicitar pagos del nuevo fondo de casi mil 800 millones de dólares del gobierno de Trump para personas que afirman ser víctimas de una supuesta politización de la justicia.

Lo hará a cambio de un 10% de cualquier indemnización, con un tope de 5 mil dólares por persona.

“Creo que la narrativa está cambiando”, declaró Johnston en un video que publicó en redes sociales sobre cómo se cuenta la historia de ese día. “Creo que nos están pasando cosas buenas”.

Cientos de leales a Trump se declararon culpables de asaltar el Capitolio, admitiendo bajo juramento que infringieron la ley. Ahora indultados por Trump, muchos esperan capitalizar sus delitos recurriendo al fondo de mil 776 millones de dólares diseñado para compensar a aliados del presidente republicano que creen que fueron procesados por motivos políticos.

Las críticas bipartidistas y un bloqueo judicial no han inhibido los festejos de los alzados que claman por el dinero del fondo, que vendría de los contribuyentes. Algunos están presentando reclamos aunque el gobierno no ha establecido un proceso y un juez ha congelado la creación del fondo, al menos de manera temporal.
Alzados buscan compensación

Los críticos del fondo lo ven como otro vehículo para que Trump y sus aliados blanqueen los hechos del 6 de enero, justifiquen retroactivamente el asalto de la turba a un pilar de la democracia estadounidense y recompensen a algunos de los seguidores más leales de Trump.

Jason Riddle, un veterano militar de Nueva Hampshire que fue condenado a 90 días tras las rejas después de declararse culpable de cargos por disturbios, rechazó públicamente un indulto de Trump. Del mismo modo, calificó de “ridículo” que él o cualquier otro alborotador del 6 de enero recibiera compensación del gobierno.

“Me encantaría el dinero, pero no puedo aceptar eso. Me molestaría por el resto de mi vida”, manifestó. “No fuimos perseguidos inocentemente sólo por quiénes somos o por quién votamos. Fuimos perseguidos por cometer conducta delictiva en el Capitolio de Estados Unidos”.

Otros alzados no comparten la postura de Riddle.

Un hombre de Florida que posó para fotos con el atril de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, argumentó en redes sociales que merece ser compensado por el costo de su infamia. Un alborotador de Nueva Jersey descrito por los fiscales como simpatizante nazi celebró el fondo como “buenas noticias no sólo para los alzados del 6 de enero, sino para todas las víctimas de la politización”. Un hombre de Texas que recibió una condena de siete años de prisión por asaltar el Capitolio con un tomahawk metálico celebró el fondo como “venganza” para las “víctimas de la tiranía de Biden”, en referencia al presidente demócrata Joe Biden.

Pamela Hemphill, residente de Oregon y condenada a 60 días de cárcel por su sentencia, rechazó un indulto de Trump, pero ha redactado una reclamación por escrito para recibir compensación del fondo. A diferencia de decenas de insurrectos que afirman ser víctimas de persecución por los demócratas, Hemphill culpa a Trump de sus problemas legales. Su reclamo indica que busca 5 millones de dólares en compensación.

“No habría pasado por todo esto si Trump no hubiera mentido diciendo que las elecciones fueron robadas”, dijo durante una entrevista telefónica. “Es un resultado directo de sus mentiras que yo siquiera estuviera allí ese día”.
El fondo enfrenta desafíos legales y políticos

Sigue siendo una incógnita si alguien condenado por un delito relacionado con los disturbios en el Capitolio podría ser elegible para pagos de un fondo creado para resolver la demanda de Trump contra el IRS por la filtración de sus declaraciones de impuestos.

El secretario de Justicia interino, Todd Blanche, no ha descartado esa posibilidad. Blanche señaló que no hay límites sobre quién puede solicitar, pero indicó que los cinco comisionados del fondo —aún por nombrar— decidirán quién merece ser compensado y por qué, basándose en factores como “lo que hizo la persona, su condena, cuánto tiempo estuvo en la cárcel”.

“Eso depende de los comisionados”, le dijo Blanche a The Associated Press el jueves cuando se le preguntó su postura sobre si los acusados violentos del 6 de enero deberían ser elegibles para pagos.

“Hay que definir algo y luego atenerse a ello. Eso es algo que he sido reacio a intentar hacer, porque depende muchísimo de los hechos”, comentó Blanche. “Que yo esté aquí sentado hablando en hipotéticos es algo que no creo que sea justo para el proceso”.

No está claro si el Congreso bloquearía pagos a acusados del 6 de enero. Republicanos del Senado, molestos por el acuerdo, han dicho que quieren imponer parámetros al fondo como parte de un proyecto de gasto del Departamento de Seguridad Nacional. Se fueron abruptamente de la ciudad a principios de este mes tras una reunión tensa con Blanche y regresarán el lunes con la situación sin resolver.

Un juez federal en Virginia ha congelado la creación del fondo y ha bloqueado temporalmente cualquier tramitación o pago de reclamaciones. El juez emitió ese fallo el viernes en una de al menos tres demandas que impugnan el fondo.

Brendan Ballou, exfiscal que llevó varios casos del 6 de enero antes de dejar el Departamento de Justicia el año pasado, demandó en nombre de dos policías que ayudaron a defender el Capitolio de la turba. Ballou considera la creación del fondo como parte de una campaña más amplia de Trump para socavar las instituciones democráticas y reescribir la historia del 6 de enero.

“Y si el presidente tiene éxito en ese esfuerzo, si logra que la gente olvide o apruebe ese día, sabe que puede conseguir que la gente acepte cualquier ataque a la democracia”, expresó Ballou.
Alzados envalentonados por la reinterpretación de Trump del 6 de enero

Casi mil 600 personas fueron acusadas de delitos federales relacionados con los disturbios en el Capitolio. Más de mil 200 fueron condenadas y sentenciadas antes de que Trump emitiera indultos masivos y ordenara desestimar todos los casos pendientes del 6 de enero. Trump también liberó a miembros de grupos extremistas que estaban encarcelados por conspirar para atacar el Capitolio con el fin de mantener a Trump en el poder después de que perdiera las elecciones presidenciales de 2020 frente a Biden.

Pero los alzados del 6 de enero no son los únicos partidarios de Trump que buscan una tajada del dinero.

Meshawn Maddock, quien fue acusada de ser una falsa electora de Trump en Michigan antes de que un juez desestimara el caso el año pasado, dijo que ella y su esposo, el representante estatal Matt Maddock, “absolutamente” planean presentar una reclamación. Cree que el uso de dinero de los contribuyentes para el fondo está justificado porque “pagó la acusación y la investigación de los años en que me estaban cazando”.

“Quiero venganza y quiero represalia”, dijo Maddock.

La campaña de Trump para reinterpretar el 6 de enero como una protesta pacífica parece haber envalentonado a muchos insurgentes.

El entusiasmo de Johnston por ayudar a otros alborotadores del Capitolio con reclamaciones contrasta con su arrepentimiento al momento de la sentencia en 2022. Se disculpó por su “terrible falta de juicio” antes de ser condenado a tres semanas de cárcel y tres meses de arresto domiciliario. Se declaró culpable de un cargo menor por allanamiento.

“Fue una cosa tonta, tonta de hacer”, le dijo Johnston al juez. “Soy 100% responsable de lo que hice ese día”.