Mujeres indígenas, rurales y especialistas en economía ambiental señalaron la necesidad de fortalecer el presupuesto destinado a la protección de territorios sagrados y a la atención de la crisis climática, así como reconocer el trabajo de las mujeres en la conservación de la biodiversidad e incorporar la perspectiva de género en las políticas y programas ambientales.

Durante el foro “Mujeres rurales indígenas y de las periferias en acción frente a la crisis climática”, promovido por la diputada Xóchitl Zagal Ramírez (Morena), Sitlali Chinó Carrillo, activista wixárika, señaló la necesidad de proteger los sitios sagrados y la ruta wixárika, particularmente Wirikuta, así como los recursos públicos destinados a áreas naturales protegidas.

Dijo que, pese a los avances en materia de conservación, urge que el presupuesto acompañe las metas de ampliación de las áreas protegidas y que existan partidas suficientes para garantizar su protección.

“Si se busca ahora sí pasar de 99 millones de hectáreas a 154, pues creo que también se debería de visibilizar en el presupuesto, que fuera más porque es lo que se busca”.

Explicó que las propias comunidades han emprendido acciones para proteger sus sitios sagrados, entre ellas litigios contra concesiones mineras, vigilancia de los territorios y actividades de formación dirigidas a niñas y niños.

Reiteró la urgencia de “garantizar un presupuesto suficiente y continuo para la protección de estos sitios sagrados y áreas naturales protegidas”, identificar las necesidades presupuestarias de cada territorio y establecer mecanismos para que las comunidades indígenas participen en la definición de prioridades y la vigilancia de los recursos.

Por otro lado, anotó que las mujeres continúan enfrentando obstáculos para acceder a cargos agrarios y tradicionales, aunque existen avances derivados de modificaciones a los estatutos internos de las comunidades.

“Actualmente hay poca participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones, en este caso como autoridades agrarias y autoridades tradicionales, justamente porque pues estas asambleas comunitarias, pues es en donde se toman todas las decisiones”.

Por su parte, Yvetta Cabrera, mujer indígena zapoteca e integrante de las autoridades ejidales de San Pedro Comitancillo, Oaxaca, destacó el papel de las mujeres en la conservación del maíz criollo, y subrayó que este trabajo no se encuentra reconocido en los presupuestos públicos.

“Hay maíz, hay semilla, gracias a las mujeres. ¿Por qué? Porque nosotras las mujeres somos las que cuidamos la semilla, las que seleccionamos la semilla”.

Añadió que las mujeres participan en la siembra, selección, conservación y transformación del maíz en alimentos, pero esas tareas permanecen sin remuneración ni reconocimiento suficiente en las políticas públicas.

“Todo este trabajo no está remunerado, no aparece en estadísticas oficiales ni en las políticas públicas, no reconocen a las mujeres como productoras y guardianas de la biodiversidad”.

Expuso que la sequía ha afectado los cultivos en el Istmo de Tehuantepec, lo que tendrá como consecuencia variaciones en la disponibilidad de maíz y otros productos básicos. “Nuestra milpa ya fue afectada. Tenemos siniestro total, no vamos a obtener producción y, en consecuencia, no vamos a tener granos básicos para nuestra alimentación”.

Ante esta situación, pidió aumentar los recursos para la conservación del maíz criollo, crear fondos para la caracterización y mejoramiento participativo de semillas, ampliar los bancos comunitarios y fortalecer infraestructura de riego y almacenamiento.

Por su parte, Angelina Navarrete, integrante de “Deuda x Clima México”, planteó revisar la forma en que se destinan recursos públicos a Pemex y cuestionó que parte del gasto social se utilice para atender obligaciones financieras de la empresa.

“Lo que nosotros estamos posicionando es que la deuda de Pemex no debe de leerse sobre sólo una deuda de una empresa, sino como un mecanismo en el cual determinados riesgos financieros se están trasladando al sector público”.

Añadió que uno de los problemas identificados es la dificultad para dar seguimiento a proyectos y recursos debido a cambios en los criterios utilizados para asignar el presupuesto.

“Cuando hay cambios de criterio, resulta que no podemos buscar los mismos indicadores, los mismos montos, los mismos proyectos y los subproyectos”.

Del mismo modo, cuestionó la relación entre el gasto destinado a empresas energéticas y los objetivos de transición energética y cambio climático, así como la ausencia de indicadores que permitan evaluar los efectos diferenciados sobre las comunidades.

Además, planteó establecer mecanismos de “auditorías populares” que permitan a las comunidades participar directamente en la evaluación del gasto público.

“Son mecanismos que se han instaurado en otros países, que se llaman auditorías populares, y eso viene desde las propias comunidades, para que ejerzan esta evaluación de indicadores y de incidencia, que no les llegue desde arriba como este es el presupuesto que te toca, estos son los proyectos que te tocan”.

Hizo énfasis en que las reglas de operación de algunos programas pueden limitar la participación de las mujeres cuando los apoyos están vinculados a la propiedad de la tierra.

“Resulta que las mujeres en ocho años sólo hemos avanzado tres por ciento en propiedad de la tierra”.

Asimismo, abundó, los presupuestos relacionados con el cambio climático deben incorporar de manera más clara la perspectiva de género e indicadores construidos desde los territorios.