Luisa González, excandidata presidencial del correísmo en las dos últimas elecciones celebradas en Ecuador en 2023 y 2025, fue detenida en la madrugada de este jueves por la Policía Nacional, a escasas cinco semanas de la celebración en el país andino de elecciones locales.

La detención se produjo en Canuto, la localidad rural de la provincia de Manabí donde se crió y creció González, según confirmó la división zonal de la Policía en esa jurisdicción sin dar mayores detalles, ya que el operativo fue realizado por agentes enviados directamente desde la capital, Quito.

González es investigada por la fiscalía por el supuesto financiamiento irregular de sus campañas electorales, motivo por el que fue inhabilitada para ser candidata en los próximos comicios locales, al mismo tiempo que la Revolución Ciudadana, el partido del expresidente Rafael Correa (2007-2017), fue suspendido e impedido de participar en las elecciones.
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Por su parte, la fiscalía informó a través de las redes sociales que en la madrugada de este jueves ejecutó junto a la Policía tres órdenes de detención para formular cargos ante la Justicia por lavado de dinero en las provincias de Manabí y Pichincha, cuya capital es Quito, sin especificar si entre los arrestos está la excandidata.
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El Ministerio Público apuntó que, en el marco del caso denominado “Laberinto”, investiga “presuntas irregularidades en el financiamiento político y el gasto electoral en publicidad durante la campaña presidencial de 2023, por inconsistencias en los aportes y el origen lícito de los recursos”.

La voz de alerta la dio el expresidente Correa a través de un mensaje en la red social X. “Apresaron a Luisa González. ¡Ya Bastaaa!!!! Ecuador vencerá”, escribió sin más detalles. Asimismo, compartió en otra publicación un par de fotografías del hecho.

Fuentes del correísmo consultadas por EFE tampoco han dado más detalles sobre el pronunciamiento de Correa.

A inicios de este año, Luisa González fue imputada dentro del denominado caso “Caja Chica”, en el que la fiscalía atribuye un presunto delito de delincuencia organizada para lavado de dinero al supuestamente haber financiado la campaña de las elecciones presidenciales extraordinarias de 2023 con dinero en efectivo traído desde Venezuela.

Producto de ello, la Revolución Ciudadana fue suspendida en marzo pasado por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) a petición de la fiscalía, en una acción que el correísmo ha denunciado como una persecución política por parte del Gobierno del presidente Daniel Noboa para dejarlos fuera de las elecciones locales previstas para el 29 de noviembre.

Tras ello, Luisa González intentó, sin éxito, inscribir su candidatura para postular por la Prefectura de Manabí, auspiciada por el partido indigenista Pachakutik, brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie).