BUENOS AIRES, 18 jun (Xinhua) — La Justicia Federal de Argentina aprobó hoy martes un pedido de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) para cumplir en su domicilio una pena a seis años de prisión, tras ser condenada en tres instancias judiciales en una causa por irregularidades en la concesión de obras públicas durante su mandato.

La condena entró en vigor este mismo día, por lo que la dirigente, titular del Partido Justicialista (PJ, peronismo) se encuentra en condición de detenida en su casa del barrio capitalino de Constitución (sur).

Según la decisión judicial que adoptó el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) de esta ciudad, Fernández de Kirchner, de 72 años de edad, no deberá comparecer personalmente el miércoles ante los tribunales federales, como tenía previsto.

El TOF2 impuso una serie de condiciones para el cumplimiento del arresto domiciliario, entre ellas, la prohibición de abandonar su domicilio salvo en situaciones excepcionales de fuerza mayor que deberá justificar debidamente.

Además, los magistrados coincidieron en imponer a la titular del PJ un dispositivo electrónico de control, aunque dejaron su implementación sujeta a la opinión de los órganos de control y a un equipo interdisciplinario, que deberán elaborar un informe que establezca la pertinencia de la medida.

La decisión, que tuvo una extensión de 19 fojas judiciales, fue firmada por los magistrados Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.

La exmandataria, además, no podrá realizar actividades que puedan “perturbar” la tranquilidad del vecindario o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes.

Además, deberá presentar un listado de las personas que integran su grupo familiar, su custodia policial, los profesionales médicos que la tratan asiduamente y los abogados que la representan, quienes podrán acceder a su domicilio sin necesidad de autorización judicial previa.

La Corte Suprema de Justicia de Argentina confirmó el 10 de junio pasado una condena a seis años de prisión contra la expresidenta por irregularidades en la concesión de obras públicas durante su mandato.

El máximo tribunal del país sudamericano rechazó un recurso de queja que había planteado la defensa de la dirigente política contra decisiones judiciales de primera y segunda instancia, confirmando una sentencia que incluye también la pena de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La denominada “causa Vialidad” ha investigado irregularidades en la adjudicación de 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz (sur) a empresas del empresario Lázaro Báez durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner, quien ha rechazado las distintas decisiones judiciales en su contra y las atribuyó a una persecución política.

La decisión del alto tribunal impide a la dirigente postularse en las elecciones legislativas de medio término previstas para octubre próximo.

El fallo de la Corte Suprema fue adoptado por los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, que ratificaron decisiones condenatorias del TOF2, de diciembre de 2022, y de la Cámara Federal de Casación Penal, de noviembre de 2024, que consideraron a Fernández de Kirchner responsable del delito de “administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública”.

El decisorio incluye la orden de decomisar a la dirigente la suma de 84.000 millones de pesos (unos 72,2 millones de dólares).