LA PAZ, 28 ene (Xinhua) — El sector de la construcción en Bolivia entró en estado de emergencia tras denunciar la paralización de cerca del 80 por ciento de las obras públicas y privadas, en un escenario marcado por el encarecimiento de los insumos y la falta de mecanismos oficiales para reajustar los precios de los contratos vigentes. La Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB), la Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco) y otras organizaciones del rubro se movilizaron este miércoles en la ciudad de La Paz (oeste), con la finalidad de sumarse a las protestas iniciadas desde el martes en distintas regiones del país para exigir al Gobierno la aprobación urgente de medidas que eviten el colapso del sector. En el centro paceño, la Cámara de la Construcción de La Paz concentró a obreros, técnicos, gerentes y personal administrativo en la plaza del Estudiante, desde donde marcharon hacia el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, reclamando un decreto supremo que permita actualizar los precios de las obras públicas conforme a la realidad del mercado. La Caboco, que agrupa a las cámaras departamentales de la construcción, se declaró la pasada semana en emergencia nacional y demandó la aprobación inmediata del Decreto Supremo de Reactivación Económica para la Construcción, destinado, según el sector, a garantizar la continuidad de los proyectos y preservar miles de fuentes laborales. “Un 80 por ciento de las construcciones ya se está paralizando. Los tiempos se nos están yendo y la situación es muy caótica para el sistema constructivo nacional”, afirmó a los periodistas el presidente de la SIB, Pascual Velásquez, al advertir que los contratos firmados con anterioridad quedaron desfasados frente al incremento de los costos. Velásquez explicó que en algunos contratos el precio del cemento figura en 46 bolivianos la bolsa de 50 kilogramos (unos 6,7 dólares), mientras que en el mercado actual puede alcanzar hasta 90 bolivianos (unos 13 dólares), lo cual obliga a las empresas a operar con pérdidas. La paralización de obras, agregó, amenaza aproximadamente a un millón de empleos directos e indirectos vinculados a la construcción, poniendo en riesgo el sustento de miles de familias en todo el país. “Si no se adopta una medida inmediata, esto va a ir a un colapso que no beneficia a nadie”, alertó. El dirigente subrayó que el impacto no solo recaerá en las empresas y trabajadores del sector, sino también en la población, debido a la posible inconclusión de obras públicas esenciales. Fin