BUENOS AIRES, 2 jul (Xinhua) — La Justicia de Argentina autorizó hoy miércoles que el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, visite en Buenos Aires a la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), quien cumple en su domicilio de la capital una condena a seis años de prisión por corrupción.
El juez del Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) Jorge Gorini autorizó este día la visita, a realizarse mañana jueves, luego de recibir una solicitud de los abogados de la dirigente argentina.
El mandatario brasileño tiene previsto arribar este miércoles a Buenos Aires para participar mañana jueves en la cumbre de Jefes de Estado del Mercado Común del Sur (Mercosur), bloque que Brasil integra con Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay.
“Autorízase a Cristina Fernández de Kirchner a recibir la visita en el domicilio donde cumple su prisión domiciliaria del Presidente de la República Federativa de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva”, dice el texto que firmó el juez Gorini.
El magistrado instó además a que se dé “estricto cumplimiento a las reglas de conducta que se impusieron a la exmandataria para cumplir prisión domiciliaria, en concreto, “abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes”.
En ese marco, el asesor especial de la Presidencia de Brasil para asuntos internacionales, Celso Amorim, dijo a la prensa argentina que el eventual encuentro entre Lula da Silva y Fernández de Kirchner sería “una visita de amistad”.
Fernández de Kirchner, titular del Partido Justicialista (PJ, peronismo), cumple prisión domiciliaria luego de que la Corte Suprema de Justicia de Argentina confirmó el 10 de junio pasado una condena a seis años de cárcel contra la expresidenta por irregularidades en la concesión de obras públicas durante su mandato, decisión que incluye la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.
La denominada “causa Vialidad” ha investigado irregularidades en la adjudicación de 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz (sur) a empresas del empresario Lázaro Báez durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner, quien ha rechazado las decisiones judiciales en su contra y las atribuyó a una persecución política.
