BUENOS AIRES, 15 jul (Xinhua) — El Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) de la ciudad de Buenos Aires exigió hoy martes a los condenados en la causa judicial conocida como “Vialidad”, entre ellos la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), el pago de 684.000 millones de pesos (unos 542,8 millones de dólares) por el “daño producido al erario público” provecho de “un gravísimo hecho de corrupción”. La medida judicial, difundida por la prensa local, fue firmada por los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, quienes dieron a las partes el plazo de 10 días hábiles para cumplir el trámite. El plazo vencerá el 13 de agosto a las 09:30 hora local, porque las próximas dos semanas son de feria judicial y esos días no se cuentan como hábiles, explicó el portal noticioso Infobae. En el caso de que no paguen el dinero indicado, se rematarán los bienes que están a nombre de la exmandataria y de otros ocho condenados en la causa “Vialidad”. En su resolución, el TOF2 dijo que el decomiso se da como “determinación fehaciente del daño producido al erario público que, como contrapartida, fue considerado como provecho de un gravísimo hecho de corrupción”. Los 684.000 millones de pesos fueron determinados por los peritos de la Corte Suprema de Justicia, los que actualizaron el monto de 85.000 millones de pesos (unos 67,4 millones de dólares) que se fijó en diciembre de 2022, cuando se dio el veredicto original y que el máximo tribunal del país confirmó el mes pasado. Fernández de Kirchner, titular del Partido Justicialista (PJ, peronismo), cumple prisión domiciliaria luego de que la Corte Suprema de Justicia de Argentina confirmó el 10 de junio pasado una condena a seis años de cárcel en su contra por irregularidades en la concesión de obras públicas durante su mandato, decisión que incluye la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. La denominada causa “Vialidad” ha investigado irregularidades en la adjudicación de 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz (sur) a empresas del empresario Lázaro Báez durante los Gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner, quien ha rechazado las decisiones judiciales en su contra y las atribuyó a una persecución política. La defensa de la dirigente estimó que el monto a decomisar debía rondar los 42.000 millones de pesos (unos 33,3 millones de dólares). Fin