LIMA, 1 ago (Xinhua) — La presidenta de Perú, Dina Boluarte, aseguró hoy jueves que no aceptará la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) contra la ley de amnistía aprobada por el Congreso en favor de policías, militares y comités de autodefensa vinculados a la lucha contra el terrorismo en el periodo 1980-2000. “No permitiremos la intervención de la Corte Interamericana que pretende suspender un proyecto de ley que busca justicia para miembros de nuestras Fuerzas Armadas, nuestra Policía Nacional y los comités de autodefensa, que lucharon arriesgando su vida contra la insania del terrorismo”, dijo la mandataria durante la ceremonia de graduación de 670 nuevos suboficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) en el distrito limeño de Puente Piedra, donde ratificó que su país es “es libre e independiente, con autonomía soberana”. La Comisión Permanente del Congreso aprobó el pasado 9 de julio el dictamen, que concede amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, Policía y comités de autodefensa que participaron en el conflicto armado interno entre 1980 y 2000. El documento contempla dos supuestos: el primero, para quienes no tienen sentencia firme, pero están investigados o procesados por presuntos delitos cometidos durante ese periodo; el segundo, para mayores de 70 años con sentencia o en ejecución judicial. En ese sentido, la mandataria añadió que esa iniciativa legislativa, que debe ser ahora promulgada por el Poder Ejecutivo, tiene como fin hacer justicia para quienes arriesgaron su vida enfrentando el terrorismo. “Somos defensores de los derechos humanos, de los ciudadanos, y esta posición del Gobierno es soberana, autónoma, libre y justa para un país que anhela paz, unidad, estabilidad, confianza y fraternidad”, subrayó. Tras la aprobación de la Ley, la Corte IDH solicitó la suspensión del trámite legislativo y convocó a una audiencia pública para el próximo 21 de agosto, donde escuchará al Estado peruano, a representantes de las víctimas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el fin de evaluar posibles medidas provisionales ante la eventual suspensión de la ley. El conflicto armado interno en esta nación sudamericana dejó unos 69.000 muertos en dos décadas, según el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, lo que marcó uno de los periodos más violentos de la historia reciente del país andino.