(Multimedia) Presidente de Brasil promulga con vetos nueva Ley de Licenciamiento Ambiental
BRASILIA, 8 ago (Xinhua) — El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, promulgó hoy viernes, con 63 vetos de un total de 400 disposiciones, la Ley de Licenciamiento Ambiental, aprobada en julio pasado por la Cámara de Diputados, difundió la Presidencia de Brasil.
De acuerdo con la Presidencia, los vetos garantizan la “protección ambiental y la seguridad jurídica”, luego de escuchar los planteamientos de la sociedad.
El Ministerio de Medio Ambiente y organizaciones ambientalistas rechazaban el proyecto inicial que llamaron “Ley de la Devastación”, que a la vez era apoyado por grupos empresariales del sector agropecuario.
Para legisladores relacionados con segmentos del agronegocio que defendían el proyecto de ley original, la propuesta podría destrabar las inversiones y permitiría la generación de obras de infraestructura para el campo.
Al explicar los vetos del presidente Lula de Silva, la ministra de Medio Ambiente de Brasil, Marina Silva, sostuvo en rueda de prensa en el Palacio del Planalto, sede del Ejecutivo en la ciudad de Brasilia, que se trató de una decisión colectiva del Gobierno.
“Fue un trabajo que a nuestro entender, mantiene el diálogo con el Congreso Nacional, asegurando la integridad del licenciamiento ambiental y logrando procesos que ganen celeridad, sin perder la calidad del licenciamiento, que es fundamental para la protección del medio ambiente, en un contexto de crisis climática, pérdida de biodiversidad y procesos de desertificación”, señaló la ministra.
Sostuvo que a partir de la Ley de Licenciamiento Ambiental se activarán proyectos “prioritarios”, pero no se permitirá la simplificación en el licenciamiento.
La secretaria ejecutiva de la Jefatura de Gabinete, Miriam Belchior, explicó a su vez que el trabajo del Gobierno estuvo guiado por cuatro directrices principales.
Estas directrices se refieren a garantizar la integridad del proceso de licenciamiento; dar seguridad jurídica a los emprendimientos e inversionistas responsables; asegurar los derechos de los pueblos indígenas y de afrodescendientes e incorporar mecanismos que lo hagan más ágil.