BUENOS AIRES, 15 sep (Xinhua) — La Universidad de Buenos Aires (UBA) anunció hoy lunes una serie de medidas de crisis para garantizar su funcionamiento hasta fin de año, luego de que el presidente Javier Milei vetó la semana pasada una Ley de Financiamiento Universitario que el Congreso aprobó el mes pasado.

La UBA declaró a través de un comunicado que las medidas se adoptaron tras el anuncio realizado el 11 de este mes por el rector Ricardo Gelpi, quien señaló que la Casa de Estudios funcionará en “estado crítico”.

En este marco, se dispusieron distintas medidas, entre ellas la no utilización de los servicios de acondicionamiento de aire en los edificios de la Universidad, con excepción de los hospitales universitarios para la atención de pacientes y del acondicionamiento necesario para el correcto funcionamiento de equipos y la infraestructura tecnológica.

Además, se estableció la utilización de los ascensores de la Universidad sólo para aquellas personas con movilidad reducida y casos de asistencia o emergencia.

La UBA, la mayor casa de estudios de Argentina por caudal de alumnos y de la que egresaron los cinco Premio Nobel que ostenta el país sudamericano, estableció también la no utilización de los servicios de gas en las calderas en los edificios de la Universidad, con excepción de los hospitales universitarios para la atención de pacientes y del acondicionamiento necesario para el correcto funcionamiento de equipos y la infraestructura tecnológica.

La Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso el 22 de agosto pasado, fue vetada por el presidente Milei el 10 de septiembre ya que, según el Ejecutivo, afecta la política oficial de déficit cero y no indica las fuentes con las que se financiará el mayor desembolso.

La norma prevé la apertura de negociaciones paritarias para recomponer el poder adquisitivo de los docentes y no docentes de la universidad pública, un ajuste a la suba de los gastos de funcionamiento y fondos específicos para becas, carreras estratégicas, actividades académicas e infraestructura. También determina un esquema de financiamiento progresivo, que irá del 1 por ciento del PIB el año próximo, a un 1,5 por ciento en el año 2031.

El texto volverá a ser considerado por el Legislativo el 17 de septiembre, para cuando se han anunciado marchas universitarias en defensa de la iniciativa.