Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica pide levantar inmunidad al presidente Chaves

SAN JOSÉ, 8 oct (Xinhua) — El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica solicitó hoy martes a la Asamblea Legislativa que inicie el procedimiento para levantar la inmunidad legal al presidente Rodrigo Chaves, a quién investiga por el delito de beligerancia política. Según detalló la institución en un comunicado, la resolución fue tomada por la Sección Especializada del TSE, integrada por magistrados suplentes, que se encargó de acumular 15 de las 24 denuncias contra Chaves, las cuales fueron presentadas por integrantes de otros partidos políticos, diputados y ciudadanos. “A diferencia de otros funcionarios y políticos sancionados por beligerancia, por el cargo del denunciado se debe solicitar al Parlamento el desafuero (…) para luego abrir el procedimiento sancionatorio ordinario”, explicó. Entre las denuncias se reprocha al presidente insistir en sus declaraciones públicas que se necesita elegir a “38 diputados” con ideas afines al gobierno actual para poder realizar las reformas necesarias para el país. En Costa Rica, la ley prohíbe a los funcionarios públicos participar de actividades político-electorales y en el caso del mandatario tiene prohibido referirse a temas partidarios o mostrar parcialidad hacia alguna agrupación política. Ahora la solicitud del TSE deberá ser analizada por la Asamblea Legislativa, que deberá nombrar una comisión de tres diputados para que emitan un dictamen y luego se vote en el plenario si se levanta o no la inmunidad al presidente. Chaves ya pasó por un proceso similar recientemente, luego de que la Fiscalía General pidiera el levantamiento de la inmunidad a la Corte Suprema de Justicia para poder juzgar a Chaves por corrupción, por una presunta solicitud de fondos para un colaborador suyo, provenientes de un contrato con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). En el caso de la beligerancia política, de encontrar culpable a Chaves, el TSE podría sancionarlo con la destitución de su cargo y una prohibición para ejercer cargos públicos por un período de dos a cuatro años.

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