Puebla, México. — A casi ocho años del feminicidio de María Alejandra Galeazzi Sevenello, el proceso judicial en contra de Jorge Mario “N” entra en su fase final en medio de señalamientos por irregularidades, decisiones controvertidas del órgano jurisdiccional y advertencias de que el imputado podría recuperar su libertad en los próximos días.
La resolución del caso está prevista para el 6 de abril, en el arranque del periodo vacacional de Semana Santa, lo que ha encendido alertas entre familiares de la víctima, quienes consideran que el momento procesal y las condiciones en las que se ha llevado el caso podrían derivar en un desenlace que favorezca la impunidad.
FEMINICIDIO CON EVIDENCIA DE VIOLENCIA SOSTENIDA
El caso se remonta al 20 de mayo de 2018, cuando María Alejandra Galeazzi fue ingresada a un hospital en Puebla con lesiones graves que, en un inicio, fueron presentadas como producto de una caída. Sin embargo, los dictámenes periciales posteriores determinaron que se trató de una agresión directa.
La víctima falleció el 23 de mayo de ese mismo año. Entre los hallazgos médicos se documentó un golpe contundente en la cabeza, además de múltiples lesiones previas —incluyendo fracturas en proceso de sanación—, lo que apunta a un contexto de violencia reiterada.
Estos elementos han sido reiterados a lo largo del proceso judicial y nuevamente expuestos durante la etapa final, en la que se presentaron las pruebas correspondientes.
FUGA, CAPTURA Y CAMBIO DE MEDIDAS
Tras los hechos, se giró una orden de aprehensión contra Jorge Mario “N”, quien permaneció prófugo durante más de cinco años, hasta su detención en 2023.
Pese a este antecedente, el proceso dio un giro cuando se determinó modificar la medida cautelar, permitiéndole enfrentar el juicio en libertad mediante el uso de un brazalete electrónico, bajo argumentos relacionados con su estado de salud.
La decisión fue cuestionada por la familia de la víctima, al considerar que el historial de evasión representaba un elemento suficiente para mantener la prisión preventiva.
PAPEL DEL JUEZ Y SUS ANTECEDENTES
El proceso se encuentra bajo la conducción del juez Juan Carlos Malpica Aladro, quien ha sido señalado previamente por decisiones controvertidas en casos de alto impacto.
Uno de los antecedentes más relevantes ocurrió en 2021, cuando determinó dejar en libertad a personas acusadas de violación, lo que derivó en un señalamiento público por parte del entonces gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, quien pidió revisar de manera puntual ese tipo de resoluciones judiciales.
Este antecedente ha sido retomado por la familia de la víctima, al considerar que existe preocupación sobre la conducción del proceso en el caso Galeazzi.
Etapa final y señales de alerta
Actualmente, el caso se encuentra en su fase final dentro de la causa penal 116/2025/JJO/CENTRO PONIENTE.
El pasado 27 de marzo, la defensa del imputado desistió de presentar la totalidad de sus pruebas, lo que ha generado inquietud entre los familiares, ante la posibilidad de que se busque un criterio de insuficiencia probatoria.
A esto se suma que la resolución está programada en un periodo de baja actividad institucional, lo que, consideran, podría reducir el nivel de atención pública sobre una decisión de alto impacto.
PROCESO BAJO CUESTIONAMIENTO
De acuerdo con la familia de María Alejandra Galeazzi, el proceso ha estado marcado por una serie de irregularidades, entre ellas cambios en las condiciones procesales, decisiones adoptadas en momentos de baja visibilidad y el uso de argumentos médicos para justificar beneficios al imputado.
Advierten que no se trata de hechos aislados, sino de una secuencia de decisiones que, en conjunto, han debilitado la confianza en la impartición de justicia.
LA EXIGENCIA: JUSTICIA
A pocos días de que se dicte una resolución, la familia sostiene una exigencia puntual: que el proceso sea resuelto con apego a derecho, con base en las pruebas existentes y bajo una perspectiva de género.
“El caso no puede cerrarse en condiciones que favorezcan la impunidad”, han señalado.
El desenlace del caso Galeazzi no solo definirá la responsabilidad penal de Jorge Mario “N”, sino que también pondrá a prueba la credibilidad del sistema de justicia en Puebla frente a uno de los delitos de mayor impacto social: el feminicidio
