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Anuncia secretaria de Gobernación acuerdo para atención y protección de niñas, niños y adolescentes durante emergencia sanitaria

Convoca Olga Sánchez Cordero a Primera Sesión Extraordinaria 2020 del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. No permitamos que se conviertan en las víctimas invisibles de esta pandemia por los efectos que podría ocasionar en su integridad, salud, educación y alimentación, señala. Llama a autoridades de los tres órdenes de gobierno, sociedad civil, sector privado, academia y familias a no fallar a este sector de la población.
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Anuncia secretaria de Gobernación acuerdo para atención y protección de niñas, niños y adolescentes durante emergencia sanitaria

Ante la urgente necesidad de asumir decisiones articuladas para garantizar los derechos de millones de niñas, niños y adolescentes que viven en el país, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, convocó a la Primera Sesión Extraordinaria 2020 del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), donde anunció el Acuerdo por el que aprueban acciones indispensables para la atención y protección de este sector de la población durante la emergencia sanitaria generada por coronavirus COVID-19.

La titular de la dependencia detalló que dicho acuerdo con acciones y servicios básicos identificados a nivel internacional, asumidos por México como una responsabilidad de Estado y para la gobernabilidad del país, será publicado próximamente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).    

Durante la sesión que se realizó mediante videoconferencia en la que participaron el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán; y los subsecretarios de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez; de Gobierno, Ricardo Peralta Saucedo; y de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, Diana Álvarez Maury, la secretaria de Gobernación resaltó que dicho acuerdo “será muy importante para la protección de nuestras niñas, niños y adolescentes y para el reconocimiento como titulares de derechos plenos”.

“Un grupo de la población que, desde antes de la contingencia sanitaria ya enfrentaba situaciones de riesgo, pobreza, desigualdad y violencia, y con las medidas asumidas para contener la pandemia por COVID-19, estas condiciones se pueden agravar y causar daños permanentes en su desarrollo”, enfatizó durante la sesión en la que también intervinieron los subsecretarios de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, y para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Martha Delgado Peralta.

La secretaria Olga Sánchez Cordero señaló que la población de niñas, niños y adolescentes “debe ser el camino para atender las consecuencias sociales y económicas que deje esta etapa a largo plazo”.

Indicó que desde la Secretaría de Gobernación se detectó la urgente necesidad de sumar a la estrategia de salud una de carácter social e interseccional que permita prevenir los riesgos asociados a las medidas de confinamiento, como es posible un incremento de la violencia familiar que coloca a niñas, niños y adolescentes como potenciales víctimas o testigos presenciales de esas violencias; y de manera enfática, a aquella población infantil y adolescente en condiciones de discapacidad, indígenas, afromexicana o adolescentes en situación de reclusión.

Subrayó que resulta primordial que el confinamiento no incremente las brechas que ya vivían niñas, niños y adolescentes previo a la contingencia, en materia de salud, alimentación, educación, seguridad, lactancia, registro de nacimiento y servicios básicos en los hogares, entre otros. “Estamos a tiempo de prevenir que la crisis por la pandemia se convierta en una crisis de derechos humanos para las niñas, niños y adolescentes en México”, aseguró.

En este sentido, llamó a todas las autoridades de los tres órdenes de gobierno, a la sociedad civil organizada, al sector privado, a la academia y a las familias a profundizar la coordinación para no fallar a las niñas, niños y adolescentes y evitar. “No permitamos que se conviertan en las víctimas invisibles de esta pandemia, por los efectos que podría ocasionar en su integridad, salud, educación y alimentación, entre muchos otros derechos”. 

El acuerdo contempla 11 puntos que son:

  1. Servicios de Salud.- Garantizar el acceso.
  2. Alimentación y actividad física.- Intensificar programas y servicios. 
  3. Registro Civil.- Asegurar su operación para registro de nacimientos y defunciones. 
  4. Prevención y atención de violencias.- Promover información, optimizar líneas telefónicas de emergencia, apoyo a procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes. 
  5. Educación.- Acceso a través de herramientas y contenidos de apoyo.
  6. Transferencias y apoyo al ingreso.- Priorizar los programas para hogares con niñas, niños y adolescentes en condiciones de pobreza, pobreza extrema, así como en municipios de mayor riesgo de trabajo infantil.
  7. Agua potable y saneamiento.- Incrementar el acceso y asegurar los servicios. 
  8. Grupos en situación de vulnerabilidad.- Adecuar e implementar protocolos de emergencia sanitaria, principalmente para migrantes, indígenas, en situación de calle, con discapacidad o afecciones de salud.  
  9. Justicia penal.- Gestionar procesos para la preliberación en casos de adolescentes en conflicto con la ley, mujeres embarazadas, en periodo de lactancia y con hijas e hijos viviendo en prisión.
  10. Participación de niñas, niños y adolescentes.- Implementar actividades para que las familias promuevan su participación y escucha activa. 
  11. Acceso a internet, radio y televisión.- Ampliar servicios de conectividad gratuita y de banda ancha; que radiodifusoras y televisoras públicas ofrezcan contenidos educativos y culturales, y emitir y difundir la Guía Parental.

Asimismo, instruyó a la Secretaría Ejecutiva del Sipinna a dar seguimiento puntual a las acciones del orden federal, estatal y municipal para que den cumplimiento a los puntos del acuerdo aprobado por unanimidad y que, en la próxima sesión del sistema, se dé un informe sobre su ejecución.

Por su parte, el subsecretario Alejandro Encinas indicó que la propuesta es establecer convenios de coordinación muy puntuales en temas muy concretos a fin de que, desde una política de Estado podamos asumir esta responsabilidad y mitigar los riesgos a los que se exponen las niñas, niños y adolescentes en México en medio de esta pandemia.

Precisó que existe gran consenso para priorizar el Interés Superior de la Niñez por lo que “México debe eliminar el distanciamiento social que hemos mantenido con la niñez y la adolescencia desde hace décadas”.

Durante su intervención, Ricardo Bucio destacó el trabajo realizado por las secretarías de Educación Pública y de Salud para continuar con clases a distancia y por su sección en la página web que contiene información de prevención de acuerdo con su edad y desarrollo, respectivamente. 

Igualmente, resaltó el trabajo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) para proteger los derechos de la niñez y adolescencia, así como del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) por la oferta pública de herramientas de todas las instituciones para prevenir violencias contra niñas, niños y adolescentes durante el confinamiento.

Participaron la directora general del SNDIF, María del Rocío García Pérez; la presidenta del Conapred, Mónica Maccise Duayhe; y la presidenta en el Senado de la República, Mónica Fernández Balboa, así como los gobernadores de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas; Colima, José Ignacio Peralta Sánchez; Estado de México, Alfredo del Mazo Maza; Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo; Guerrero, Héctor Antonio Astudillo Flores; Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo; Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa; Puebla, Miguel Barbosa Huerta; Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez; Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez; Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna.

Asimismo, representantes del resto de las entidades, de organismos descentralizados y autónomos, y de organizaciones de la sociedad civil que forman parte del Sistema y de su Consejo Consultivo, y personal de los 32 Sistemas de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes estatales y municipales e invitadas e invitados permanentes y especiales.