Nutrición

La obesidad infantil, un asunto de bioética

Las políticas públicas deben considerar la protección social de los niños como una responsabilidad moral, en especial si los padres viven en pobreza y falta de educación, dijo María de los Ángeles Marina Adame Gayosso, especialista de la UNAM.
image

La obesidad infantil, un asunto de bioética

La obesidad infantil es un asunto de bioética y desde esta disciplina debe impulsarse la protección social que los niños merecen por parte del Estado, planteó María de los Ángeles Marina Adame Gayosso, estudiante de la maestría en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud de la UNAM, pues muchas veces los padres están limitados por la marginación y la falta de acceso educativo, lo que hace a los infantes doblemente vulnerables.

Con un novedoso abordaje en su tesis de posgrado, la psicóloga propuso que el cuidado de los pequeños se considere como una responsabilidad moral del Estado y se le incluya como política pública, no solamente como una obligación de los padres de familia.

“En mi opinión, el mayor reto ante la creación y evaluación de una política pública en este ámbito no es la identificación clara de los objetivos, ni de los actores implicados, sino la implementación de una estrategia correcta y efectiva, planteada desde la bioética”, sostuvo, de acuerdo con un boletín de la UNAM del 28 de septiembre de 2011 (http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2011_572.html).

http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2011_572.html http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2011_572.html

La primera limitante es la salud pública, porque no es posible abordarla con el mismo enfoque que la individual; por tanto, los dilemas y retos son diferentes.

“Ante esta situación, Schramm y Kottow (2001) proponen un principio de protección, porque lo consideran el más adecuado para enfrentar los problemas morales relacionados con la salud pública, capaz de generar acuerdos entre salubristas y eticistas en el momento que enfrentan conflictos que no pueden satisfacerse con el uso del modelo principialista”, explicó.

A diferencia de la biomedicina clínica, señalan los autores, el referente universal de la salud pública son las medidas colectivas de prevención, que no necesariamente pasan por la relación interpersonal entre médico y paciente.

En el caso del Acuerdo Nacional de Salud Alimentaria (ANSA), estas medidas son propuestas por la Secretaría de Salud e implementadas en las escuelas, y en ningún momento existe una relación interpersonal; de hecho, son preventivo-correctivas de tipo colectivo, detalló.

Se refieren a poblaciones humanas y a sus contextos socio-ambientales, por un lado, y a instituciones públicas responsables por la implementación de políticas de prevención y promoción de salud, por el otro. El agente coordinador es la Secretaria de Salud, que cuenta con el apoyo del Estado para garantizar el cumplimiento de los objetivos del ANSA en las escuelas. De esta forma, la Secretaría de Educación Pública (SEP) tiene un papel fundamental en esta política.

En su tesis, la psicóloga cita datos oficiales que refieren que 85 por ciento de las escuelas de educación básica en el país ha cumplido con los lineamientos para la venta de alimentos y bebidas. “Pero no puede pasar desapercibido que falta 15 por ciento, es decir, 33 mil escuelas en las que no se ha aplicado esta normatividad”.

Adame Gayosso consideró que la regulación no es el único aspecto que se debe evaluar, pues también se habla de aumentar el consumo de agua simple y aumentar la actividad física. En cuanto a esta última, se conoce que, al menos, 70 por ciento de los escolares no se ejercita y consume en el recreo 433 calorías, es decir, 1.6 veces más de lo que debería.

Estos datos coinciden con la información proporcionada por Fernando Álvarez del Río, titular de la Unidad de Análisis Económico de la Secretaría de Salud, en cuanto a que en el país uno de cada cuatro pequeños tiene sobrepeso.

La psicóloga se cuestionó por qué pese a la puesta en marcha del ANSA la nación sigue con cifras alarmantes de obesidad. “Una razón es que para acceder a productos sanos y de calidad se requiere dinero, y las familias más desfavorecidas se ven limitadas por sus recursos, lo que las condiciona a la ingesta de comida con altos niveles de azúcar y grasas, que es más barata.

“Por ejemplo, mientras que los refrescos en una década subieron de precio 58 por ciento, y los chocolates y golosinas lo hicieron en 67 por ciento, las frutas y verduras superaron 124 por ciento en el mismo lapso”, concluyó.