Por Alejandro Rosés Pérez La reciente agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela y la captura de su presidente, Nicolás Maduro, vulneran de forma flagrante el principio de América Latina y el Caribe como Zona de Paz. La voluntad y el derecho de los Estados latinoamericanos y caribeños de decidir y resolver sus asuntos internos de forma pacífica se vieron quebrantados por la espiral de violencia desatada en Caracas por los efectivos militares estadounidenses en la madrugada del 3 de enero. El concepto de Zona de Paz para América Latina y el Caribe surgió en el contexto de las negociaciones entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), un hito diplomático que buscaba poner fin a uno de los últimos residuos de conflicto militar en la región. En enero de 2014, los jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) emitieron, durante su segunda cumbre en La Habana, Cuba, una declaración conjunta proclamando a América Latina y el Caribe como Zona de Paz. La declaración adoptada en Cuba estableció una serie de compromisos dirigidos a convertir a América Latina y el Caribe en garante de las normas y principios contenidos en el Derecho Internacional y en la Carta de las Naciones Unidas. Su firma convenía la obligación de cada gobierno de corresponderse con el principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados, desterrar definitivamente el uso de la fuerza -o la amenaza de su uso- en la resolución de controversias y construir una cultura de paz. Durante más de una década, las naciones latinoamericanas se han esforzado constantemente por consolidar la región como una Zona de Paz, a pesar de tener posiciones divergentes en determinadas cuestiones. Sin embargo, con ese sanguinario bombardeo y la captura del presidente Maduro, perpetrados por Estados Unidos, una nación ajena a América Latina y el Caribe, esta voluntad compartida y sueño común han sufrido un golpe devastador. Más allá de su simbolismo, la declaración se comprende como una base para convertir estos postulados en un imperativo ético y moral que condujera el relacionamiento de los gobiernos de la región, no solo ante conflictos intrarregionales, sino de cara a las diferencias con poderes externos. El principio de la región como Zona de Paz debía invocarse como norma para proyectar la respuesta de los gobiernos latinoamericanos y caribeños ante posibles agresiones militares en la región, conscientes de que podía ser el último recurso de un estado agredido frente a una potencial vulneración de la soberanía nacional. La proclama de los países latinoamericanos de Zona de Paz está estrechamente ligada a la larga historia de injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos de América Latina. Durante más de dos siglos, Estados Unidos ha aplicado repetidamente la “Doctrina Monroe”, tratando a América Latina como su “patio trasero” y explotando la región a su antojo. Para obtener sus propios intereses, Estados Unidos ha empleado una serie de tácticas, entre ellas la guerra ideológica, las sanciones económicas, las invasiones militares y las campañas de desprestigio en los medios de comunicación, sumiendo sin vacilar a las naciones latinoamericanas en el caos. En la II Cumbre de la CELAC ya habían pasado 20 años desde la última incursión de un poder extrarregional, la ocupación militar estadounidense en Haití en 1994. Algunos creían que el sistema interamericano, reconfigurado tras la Guerra Fría, evitaría la repetición de estas acciones. Sin embargo, los promotores de la declaración comprendían que la misma potencia que mantenía el bloqueo económico contra Cuba podría recurrir nuevamente a mecanismos coercitivos de antaño en función de sus intereses. Con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en 2025, Estados Unidos está recuperando las lógicas más explícitas para ejercer su dominio sobre América Latina y el Caribe, y de hecho en todo el hemisferio occidental. Profundamente preocupado por la creciente influencia geopolítica de China y Rusia en la región, Washington ha desplegado mecanismos más agresivos y crudos en su relacionamiento con la región, con objetivos declarados de fortalecer su hegemonía y limitar la presencia de Beijing, Moscú y otros competidores en su tradicional área de influencia. Bajo esta lógica se insertaron las amenazas de retomar el control del Canal de Panamá, las presiones arancelarias y el despliegue militar desarrollado desde agosto en las aguas del Mar Caribe y del Pacífico Oriental. Con los bombardeos de Caracas y la captura de Nicolás Maduro, justificados con acusaciones sin pruebas de vínculos con el narcotráfico, evidencian una violación del derecho internacional sin precedentes. Son acciones que muestran un irrespeto total hacia la Carta de las Naciones Unidas, los principios de soberanía territorial, la convivencia pacífica y el derecho a la autodeterminación de Venezuela, pilares del orden internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial. A pesar de que varios gobiernos latinoamericanos, siendo actores de peso de la región como México, Brasil y Colombia, han manifestado su rechazo y condena de la intervención militar norteamericana, lo ocurrido en Caracas aún revela cuán distante se encuentra América Latina y el Caribe en estos momentos de hacer efectivos los compromisos refrendados en la Cumbre de La Habana, en 2014. Ante el renovado impulso monroísta que se revela en la proyección actual de la Administración Trump hacia América Latina, la incapacidad de los gobiernos regionales para alcanzar consensos en torno a posiciones que antepongan la soberanía e integridad territorial sobre las diferencias ideológicas constituye motivo de preocupación adicional. Sin embargo, hay algo que el mundo ha constatado sin dudas: el llamado “orden mundial basado en reglas”, antes defendido por Estados Unidos, no es más que un concepto ilusorio y de ficción. Cuando a Washington le conviene, las reglas pueden ser aplastadas por la fuerza. Esta es la sangrienta realidad que enfrenta el mundo hoy. (Alejandro Rosés Pérez es investigador del Centro de Investigaciones de Política Internacional de Cuba) (Las opiniones expresadas en este artículo son del autor y no necesariamente reflejan la postura de la Agencia de Noticias Xinhua)