Salud reproductiva

Injusticia, negar el acceso a un aborto de forma segura

En el país sólo abortan de manera segura quienes cuentan con los medios necesarios, advirtió Carpizo Mac Gregor, investigador emérito y ex rector de la UNAM, al participar en el seminario Alcances y limitaciones de las resoluciones de la SCJN en los casos de Baja California y San Luis Potosí.
image

Injusticia, negar el acceso a un aborto de forma segura

Es una injusticia negar la posibilidad de abortar de forma segura a las mujeres más pobres, que son las más desprotegidas, advirtió Jorge Carpizo Mac Gregor; sin embargo, subrayó, ojalá no tuviera que existir esta práctica, pues se requiere más educación sexual y conocimiento sobre los métodos anticonceptivos.

Indicó que es un hecho que en México se practica, pero sólo abortan de manera segura quienes cuentan con los medios necesarios. La mujer tiene una serie de derechos fundamentales, y en este caso, ella debe decidir dentro de ciertos parámetros, como el número de semanas, o bajo una opinión médica, consideró el investigador emérito y ex rector de esta casa de estudios, al participar en el seminario Alcances y limitaciones de las resoluciones de la SCJN en los casos de Baja California y San Luis Potosí, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ).

Alcances y limitaciones de las resoluciones de la SCJN en los casos de Baja California y San Luis Potosí,

Si ocurren circunstancias como violaciones, riesgo de vida, o no desear más hijos porque se tienen muchos, ellas deben tener la prerrogativa de que sean respetados los derechos humanos que les consagra la Constitución, y aquellos incluidos en los tratados e instrumentos internacionales ratificados por México.

Carpizo Mac Gregor reconoció que hasta el momento, de manera oficial, no se sabe cuántos se registran en el país, porque la mayoría son clandestinos, pero los datos más creíbles señalan entre 500 mil y un millón 200 mil al año, de acuerdo con un boletín difundido por la UNAM (22 de noviembre de 2011).

También, consideró que es una injusticia criminalizar a los sectores más débiles de la sociedad. Además, la muerte de una mujer en la plenitud de su vida no sólo es dolorosa para ella, sino que puede resultar sensible para el sostenimiento de la familia, pues los otros hijos podrían necesitar a la madre.

Incluso, abundó, algunos estudios indican que en los lugares donde se ha despenalizado, la criminalidad ha disminuido; además, señalan que el hijo no deseado suele ser maltratado. Muchos delincuentes están en esa situación, fueron vejados, descuidados y crecieron sin afecto, y todo ello induce al joven a la rebeldía y delincuencia.

Carpizo Mac Gregor señaló la necesidad de diferenciar vida, de vida humana. La primera la tienen los animales y las plantas, pero la diferencia entre los humanos y los demás seres es la corteza cerebral. En el momento que ocurre la concepción no hay corteza cerebral, ésta comienza a formarse en el momento en el que el sistema nervioso central se empieza a conectar y los pulmones a funcionar, entre las semanas 20 y 24.

Al referirse a los casos de San Luis Potosí y Baja California, Miguel Carbonell, integrante del mismo instituto, explicó que la Corte ni se pronunció, ni se dejó de pronunciar sobre la constitucionalidad de las reformas en ambas entidades, simplemente se desestimó la acción. Hubo un proyecto que fue valorado positivamente por siete de los 11 integrantes del pleno, y los otros cuatro estimaron que no tenía los fundamentos suficientes.

A su vez, Imer Flores, investigador del IIJ, mencionó que a la fecha 16 estados de la República han modificado sus constituciones con la idea de proteger la vida desde la concepción o la fecundación. El problema es que con ello acaban por criminalizar a las mujeres.

Por su parte, Diego Valadés, investigador del IIJ, dijo que el punto nodal no es que la Iglesia promueva el desacatamiento de la norma aprobada por el poder civil, sino que este último haga suyos los argumentos y principios originados en la estructura eclesiástica.

Otros aspectos a considerarse, agregó, es que al convertirse en homicidio, afecta a la mujer que lo lleva a cabo, y a quienes participaron como médicos y enfermeras. Con esa determinación, se detiene la investigación científica, al convertir la práctica en un delito.