La Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, I.A.P. interpuso denuncias formales contra diversos servidores públicos del Gobierno de la Ciudad de México, derivado de presuntas omisiones y faltas graves relacionadas con el Refugio Franciscano.

Las querellas apuntan a delitos como abuso de funciones, encubrimiento, descuido en el desempeño de cargos públicos y posibles afectaciones al erario.

Estas acciones legales fueron presentadas ante tres instancias clave: la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de la Contraloría General y la Auditoría Superior, todas de la Ciudad de México. Entre los funcionarios mencionados en las denuncias se encuentran:

•    Mónica Vietnika Alegre González, titular de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT).

•    Francisco Javier García Ramírez, Subprocurador Ambiental de Protección y Bienestar a los Animales.

•    Integrantes del Comité de Transparencia de la PAOT.

A estos servidores se les atribuyen conductas que incluyen el ejercicio indebido del servicio público y omisiones relacionadas con actos de crueldad animal.

OMISIONES EN LA PROTECCIÓN DE PERROS Y GATOS

El eje central de la queja es la aparente inactividad de la PAOT frente a casos de maltrato animal documentados. La Fundación señala que la dependencia evita dar continuidad a denuncias ratificadas sobre daños sufridos por caninos y felinos dentro de las instalaciones del Refugio Franciscano.

Según el texto del reclamo, los funcionarios habrían paralizado de forma deliberada los procesos administrativos, rechazando ejercer sus responsabilidades de vigilancia e inspección.

Esta actitud es calificada por la Fundación como una “abstención injustificada” que vulnera el Estado de Derecho y deja desprotegidos los procedimientos iniciados.

PETICIÓN DE JUSTICIA

Ante estos hechos, la organización solicitó formalmente al Ministerio Público la apertura de una carpeta de investigación.

El objetivo es que se realicen todas las diligencias necesarias para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades penales y administrativas que correspondan a cada uno de los involucrados.