La diputada Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra (PAN) consideró que los aprendizajes obtenidos en la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW70) deben traducirse en acciones concretas desde el Poder Legislativo, con el fin de garantizar los derechos de las mujeres y avanzar hacia una igualdad sustantiva en el país.

Mediante un informe publicado en la Gaceta Parlamentaria, indicó que participó en el septuagésimo periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW70), realizado del 9 al 19 de marzo en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, Estados Unidos.

Gutiérrez Valtierra destacó que el objetivo de su participación fue conocer, analizar e intercambiar experiencias internacionales en materia de igualdad de género, acceso a la justicia y derechos humanos de las mujeres, a fin de fortalecer la agenda legislativa en México.

La legisladora formó parte de diversos diálogos multilaterales y eventos paralelos donde se abordaron temas como acceso a la justicia, violencia de género, sistemas de cuidados, justicia climática, empoderamiento económico y el impacto de las tecnologías en los derechos de las mujeres.

Entre los principales hallazgos destacó que el acceso a la justicia continúa siendo uno de los retos estructurales más importantes para las mujeres, especialmente en contextos de desigualdad y discriminación.

Asimismo, advirtió sobre el crecimiento de la violencia digital y la necesidad de tener marcos normativos que atiendan estas nuevas formas de agresión.

Gutiérrez Valtierra subrayó que existe una tendencia global hacia la digitalización de los sistemas de justicia, lo que representa la oportunidad para ampliar el acceso, pero también un riesgo si no se garantiza la inclusión y equidad en el uso de estas herramientas.

Como resultado de su participación, señaló que se identificaron buenas prácticas internacionales que pueden replicarse en México, así como insumos para fortalecer propuestas legislativas, particularmente en el uso de tecnologías, la atención a la violencia de género y la construcción de sistemas de justicia más accesibles.