Dos brotes de enfermedades transmitidas por alimentos vinculados a Taylor Farms han puesto al descubierto una debilidad en el corazón del sistema alimentario de Norteamérica: Estados Unidos depende cada vez más de la industria agrícola mexicana, pero los reguladores tienen dificultades para supervisarla y mantener seguros a los consumidores.
Taylor Farms, la empresa de 7 mil millones de dólares que abastece a cadenas de comida rápida, grandes distribuidores de alimentos y supermercados, retiró esta semana del mercado productos preparados que contenían jalapeños, luego de que las autoridades estadounidenses vincularan un brote de salmonela, que ha enfermado a varios cientos de personas, con chiles importados de México.
Esto ocurrió tras un importante brote de ciclosporiasis, cuyo origen se rastreó hasta la lechuga iceberg que Taylor Farms importó de México, por la que se han enfermado más de 6 mil 300 personas y se han registrado dos muertes.
Expertos dicen que estos incidentes consecutivos han reavivado la preocupación por la capacidad de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) para supervisar los alimentos importados.
El número de empleados de la agencia se redujo un 22% en 2026 comparado con 2024, según sus propios datos, en parte debido a recortes de personal desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca.
Las inspecciones de instalaciones de alimentos extranjeras realizadas por la FDA disminuyeron casi un 13% en el año fiscal 2025, mientras que las importaciones han seguido aumentando.
“Sin duda los recortes son perjudiciales para la seguridad alimentaria”, afirmó Jennifer McEntire, fundadora de la consultora estadounidense Food Safety Strategy, al igual que “la disminución de la supervisión de lo que realmente sucede cuando se producen brotes”, añadió.
La FDA no respondió a una solicitud de comentarios.
Dependencia de México
Según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA por sus siglas en inglés), en 1993, un año antes de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ese país importó menos de 3 mil millones de dólares en productos agrícolas de México. Esa cifra ha aumentado casi un mil 500% hasta 2025.
México representa actualmente más del 20% de todas las importaciones de alimentos de Estados Unidos, según Luis Ribera, experto en economía agrícola de la Universidad de Texas A&M. El país importó 16 mil 100 millones de dólares en productos frescos en 2025, según un análisis de la universidad.
“No tenemos que esperar a que los productos estén de temporada para consumirlos durante todo el año”, dijo Ribera. “Contar con esos socios es muy importante para que los alimentos sean asequibles aquí en Estados Unidos”, añadió.
Sin embargo, las mismas cadenas de suministro que mantienen abastecidos los estantes de los supermercados estadounidenses también han expuesto periódicamente a los consumidores a enfermedades transmitidas por los alimentos.
Durante más de dos décadas, las investigaciones estadounidenses sobre seguridad alimentaria han rastreado los brotes hasta frutas y verduras mexicanas importadas, incluidos chiles, melones, cilantro y verduras de hoja verde.
Los brotes han motivado un análisis exhaustivo del agua de riego, las prácticas de saneamiento y los controles de seguridad alimentaria en las fragmentadas redes de productores, empacadores y distribuidores.
La FDA ha impuesto medidas de protección en algunas regiones, si bien los exportadores, productores y procesadores mexicanos ya están sujetos a los requisitos de seguridad alimentaria de Estados Unidos.
Sin embargo, según los expertos, no existe una política de certificación uniforme que exija a todos los proveedores mexicanos de productos agrícolas demostrar que el agua de riego es segura antes de exportar al país vecino.
Cristóbal Chaidez, investigador en inocuidad alimentaria del Laboratorio Nacional para la Investigación en Inocuidad Alimentaria (LANIIA), afirmó que el agua utilizada en la agricultura representa una vulnerabilidad persistente en la producción de productos frescos en México.
“Si hay sequía y el agricultor pequeño encuentra una fuente de agua, puede usar esa agua que no sea de buena calidad”, dijo y agregó que, en última instancia, las empresas de alimentos son responsables de controlar sus cadenas de suministro.
Alertas de Importación
Taylor Farms cerró temporalmente la planta procesadora en el estado mexicano de Guanajuato que, según las autoridades estadounidenses, estaba relacionada con el brote de ciclosporiasis.
En un comunicado, la empresa afirmó que sus fuentes de agua se someten a pruebas para detectar organismos indicadores de contaminación fecal.
“Hemos cooperado plenamente con los organismos reguladores en todos los casos donde se plantearon preocupaciones sobre la seguridad alimentaria, tomando medidas correctivas cuando fue necesario”, dijo la compañía.
El actual brote de ciclosporiasis no fue el primero vinculado a Taylor Farms en México.
En 2013, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos vincularon enfermedades asociadas a restaurantes en Iowa y Nebraska con una mezcla de ensalada envasada de Taylor Farms en Guanajuato.
Históricamente, la FDA ha respondido a los brotes de enfermedades imponiendo alertas de importación para determinados productos y regiones.
Las empresas que demuestren cumplir con los requisitos adicionales de seguridad, trazabilidad, auditoría y pruebas pueden calificar para la denominada “lista verde” de la agencia y evitar ser retenidas en la frontera sin necesidad de una inspección previa.
Sin embargo, el sistema de la “lista verde” no se aplica de forma generalizada al sector agrícola mexicano y los dos brotes que afectaron a Taylor Farms y a productos agrícolas nacionales han suscitado dudas sobre la suficiencia de los mecanismos de supervisión existentes.
McEntire afirmó que las alertas de importación y las listas verdes generalmente se implementan después de que surgen problemas recurrentes y sirven como una herramienta de control más que como un requisito estándar.
“No creo que sea la solución definitiva para garantizar la seguridad. No garantiza que exista una comprensión y aplicación exhaustivas de estas prácticas”, consideró.
