- Señalan presuntas irregularidades, falta de competencia por razón de jurisdicción y posible conflicto de intereses en un procedimiento judicial que involucra al juez Karlos Alberto Soto García y al exmagistrado José Antonio Ortega Cerbón.
QUERÉTARO, QUERÉTARO.— La actuación del juez federal Karlos Alberto Soto García, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y Juicios Federales en Querétaro, se encuentra bajo cuestionamiento por presuntas irregularidades en un juicio de amparo relacionado con la custodia de dos menores de cinco y seis años.
Las acusaciones apuntan a un posible conflicto de intereses y a una presunta relación de colaboración con José Antonio Ortega Cerbón, ex presidente y magistrado en retiro del Poder Judicial del Estado de Querétaro, quien actualmente representa legalmente a la madre de los menores, una de las partes involucradas en la controversia familiar.
El caso adquiere especial relevancia debido a que, las resoluciones emitidas por el juzgador federal, algunas sin haber escuchado al padre de los menores, podrían tener consecuencias directas sobre la integridad y el bienestar de los niños, además de suscitar cuestionamientos sobre la competencia de la autoridad judicial para conocer del asunto.
Antecedentes bajo cuestionamiento
Karlos Alberto Soto García ya había sido objeto de controversia pública años atrás, cuando enfrentó un procedimiento disciplinario que derivó en su separación temporal del cargo.
Las denuncias presentadas por personal del Poder Judicial incluían presuntos casos de hostigamiento laboral, trato indebido, hostigamiento sexual, cohecho y peculado.
Actualmente, el juzgador se encuentra en funciones. Por su parte, José Antonio Ortega Cerbón, tras su retiro anticipado del Poder Judicial queretano, inició una nueva etapa profesional como litigante, al frente de un despacho jurídico.
Presumiblemente las relaciones profesionales que Ortega Cerbón habría conservado dentro de estructuras judiciales podrían estar incidiendo en el desarrollo del procedimiento que actualmente se tramita en Querétaro.
Disputa por la custodia y traslado de los menores
El conflicto familiar se remonta a julio de 2025, cuando se decretó el divorcio de los progenitores. De acuerdo con el expediente judicial, ambos conservaron la custodia, aunque él asumía integralmente la totalidad de los gastos: vivienda, colegiaturas, uniformes, atención médica, alimentación y actividades recreativas.
El 10 de agosto de 2026, María Astrid Estupiñán Ramírez habría trasladado unilateralmente a los menores de la Ciudad de México a Querétaro, bajo el argumento de una supuesta necesidad laboral que, según la contraparte, no habría sido debidamente acreditada.
A partir de ese momento, el padre afirma que se le impidió mantener comunicación telefónica con sus hijos.
Ante esta situación, Pablo promovió un procedimiento de modificación de convenio ante autoridades judiciales de la Ciudad de México, donde se encontraba el domicilio habitual de los menores. Como resultado, se habría emitido una orden judicial para su recuperación.
Recuperación de los niños y señalamientos sobre su estado de salud
El 8 de octubre de 2026, elementos de la Policía Federal Ministerial ejecutaron la orden judicial en un domicilio ubicado en Lomas de Juriquilla, Querétaro, donde los menores se encontraban con sus abuelos maternos.
Los niños presentaban signos de desnutrición y deshidratación, circunstancias que, asegura, fueron referidas por el pediatra que los atiende.
También se señala que ambos menores utilizaban pañales durante la noche, pese a sus edades, y que habrían manifestado situaciones relacionadas con restricciones para beber agua durante ese horario. Estos señalamientos deberán ser esclarecidos por las autoridades competentes.
El padre de los menores sostiene, además, que durante el operativo la madre no se encontraba en el domicilio. Según la información proporcionada por su abuelo materno a la policía federal ministerial, habría viajado junto con amigas a Chicago, Estados Unidos.
El amparo que reavivó la controversia
El 13 de octubre de 2026, María Astrid Estupiñán Ramírez promovió un juicio de amparo indirecto para solicitar la restitución de los menores al domicilio de sus abuelos maternos en Querétaro.
El amparo fue admitido por el juez Karlos Alberto Soto García, quien habría obsequiado de manera inmediata medidas para procurar la reincorporación de los niños a dicho domicilio.
Conforme a derecho, el juzgador habría actuado fuera de su ámbito de competencia, por lo que se cuestiona que las medidas se hayan dictado a partir de los argumentos de una sola de las partes, sin ponderar adecuadamente los antecedentes del procedimiento familiar ni las condiciones de los menores.
Presuntas irregularidades en el juzgado
Uno de los señalamientos más delicados se refiere a lo ocurrido el viernes 30 de octubre, cuando, a los abogados de Pablo, se les habría impedido el acceso al juzgado mientras Soto García sostenía una reunión privada en su oficina con representantes legales de María Astrid Estupiñán Ramírez.
De acuerdo con el expediente judicial, la madre de los menores es representada por José Antonio Ortega Cerbón, ex titular del Poder Judicial queretano, circunstancia que, amerita esclarecer si existe algún conflicto de intereses o trato diferenciado dentro del procedimiento.
Los abogados consideran que estos hechos deben ser investigados por las instancias correspondientes para garantizar la transparencia, imparcialidad y legalidad de las actuaciones judiciales.
Un accidente que también genera interrogantes
El padre también denuncia que habría sido omitida la comunicación sobre un accidente automovilístico que, según el dicho de los menores, ocurrió en las inmediaciones de Lomas de Juriquilla, en el que se vieron involucrados varios vehículos.
De acuerdo con lo anterior, una de las menores, de seis años, sufrió lesiones en la columna vertebral y actualmente recibe atención especializada en ortopedia en el Hospital ABC.
El padre afirma que tuvo conocimiento de lo sucedido a través de su hija y no mediante una comunicación directa de la madre, lo que ha añadido nuevos cuestionamientos sobre la forma en que se ha manejado la información relacionada con la salud de los niños.
Una audiencia decisiva
El próximo 5 de noviembre de 2026 está prevista una audiencia en la que el juez Karlos Alberto Soto García deberá pronunciarse sobre la situación jurídica de los menores dentro del juicio de amparo.
La defensa paterna insiste en que el juzgado federal de Querétaro carecería de competencia para resolver aspectos que, a su consideración, corresponden a las autoridades judiciales de la Ciudad de México, por lo que solicita que se revise la legalidad de las actuaciones.
El caso coloca nuevamente bajo escrutinio la actuación de un juzgador que anteriormente enfrentó acusaciones disciplinarias y abre interrogantes sobre la independencia judicial, la posible existencia de conflictos de intereses y, particularmente, la obligación de las autoridades de privilegiar el interés superior de la niñez.
La controversia también podría atraer la atención de las instancias de vigilancia del Poder Judicial de la Federación y de su ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, ante la gravedad de los señalamientos y las posibles implicaciones para los derechos de dos menores de edad.
Mientras las partes mantienen posiciones encontradas, la exigencia central es que las autoridades competentes esclarezcan los hechos y garanticen que cualquier determinación judicial se adopte con estricto apego a derecho y con el interés superior de los niños como prioridad.
