La Cámara de Diputados aprobó una reforma que establece un tope a las pensiones públicas en México, en una sesión marcada por protestas y reclamos de legisladores de oposición y diversos sectores afectados.

El dictamen fija límites a los montos que pueden recibir los pensionados del sector público, con el argumento de garantizar equidad en el sistema y evitar percepciones consideradas excesivas frente a la mayoría de los trabajadores.

Sin embargo, uno de los puntos más controvertidos de la reforma es su posible aplicación retroactiva, lo que ha generado inconformidad entre beneficiarios que ya cuentan con pensiones previamente establecidas bajo otras condiciones.

Durante la discusión, diputados de oposición advirtieron que esta medida podría vulnerar derechos adquiridos y derivar en una ola de litigios, mientras que simpatizantes del proyecto defendieron la necesidad de ajustar el sistema para hacerlo más sostenible.

Las protestas se hicieron presentes tanto dentro como fuera del recinto legislativo, donde manifestantes expresaron su rechazo a la iniciativa y exigieron respeto a sus ingresos.

La reforma ahora deberá seguir su proceso legislativo en el Senado, donde se anticipa un nuevo debate en torno a su constitucionalidad y el impacto que tendría en miles de pensionados en el país.