BOGOTÁ, 26 sep (Xinhua) — La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia informó hoy jueves que 25 exmiembros del Ejército Nacional reconocieron su responsabilidad en el asesinato de 604 personas, que luego fueron desaparecidas y reportadas falsamente como bajas en combate (conocidos como “falsos positivos”) ocurridos entre 2002 y 2008. “Se trata de oficiales y suboficiales que fueron imputados por su liderazgo y por su participación determinante en la comisión de los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada contemplados por el Código Penal colombiano”, señaló la JEP en un comunicado. Subrayó que entre los imputados se encuentran dos mayores generales, un brigadier general, seis coroneles, tres tenientes coroneles y cinco mayores, así como cuatro oficiales subalternos: un capitán, dos tenientes y un subteniente. El Alto Tribunal resaltó que las conductas de los exmilitares constituyeron crímenes de lesa humanidad y de crimen de guerra, según el Estatuto de Roma. La JEP precisó que los imputados “manifestaron su intención de aceptar su responsabilidad y de seguir aportando a la construcción de la verdad plena que merecen las víctimas”. Explicó que en la investigación se pudo evidenciar que en la costa Caribe se consolidó una macroorganización criminal estructurada en nodos que se sostenía en un sistema de presión por bajas, con exigencias y sanciones a quienes no presentarán resultados operacionales e incentivos y recompensas para quienes presentarán más muertes en combate. “Además, actos de encubrimiento y ausencia de controles contribuyeron a la implementación de una política orientada a presentar asesinatos y desapariciones forzadas como bajas legítimas, con el fin de inflar artificialmente los resultados operacionales como indicador de victoria militar”, agregó. La JEP informó que gracias al proceso, 15 personas asesinadas y desaparecidas en el marco de esta práctica criminal fueron halladas, identificadas y sus restos fueron entregados a sus familiares. “La JEP, en articulación con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, el Instituto de Medicina Legal y con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, continúa trabajando en la identificación y entrega digna de los cuerpos de otras víctimas desaparecidas”, indicó. Tras el reconocimiento, los comparecientes deberán asumir públicamente su responsabilidad por los hechos cometidos y las afectaciones causadas, ante la justicia, las víctimas y el país. Hace una semana, el Tribunal emitió condena contra 12 exmilitares a sanciones restaurativas de entre cinco y ocho años, por su responsabilidad en 135 asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate entre 2002 y 2005. De acuerdo con la JEP, 6.402 personas fueron asesinadas por agentes del Estado entre 2002 y 2008 y presentadas como “bajas en combate” en el marco del conflicto armado colombiano.