MÉXICO, 6 may (Xinhua) — Los Gobiernos de México y Estados Unidos atraviesan un nuevo momento de tensión en su relación bilateral por diferencias sobre el combate al narcotráfico y la seguridad fronteriza, en medio de acusaciones judiciales de EE. UU. contra funcionarios mexicanos y de llamados de autoridades estadounidenses para endurecer acciones contra los cárteles de la droga.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el miércoles que si el Gobierno de México “no hace su trabajo contra las drogas”, su Administración tomará medidas como lo ha hecho en el Caribe y el Pacífico contra presuntas “narcolanchas”.

“El tráfico de drogas por mar se ha reducido en un 97 por ciento, y ahora hemos puesto en marcha la fuerza terrestre, que es mucho más fácil. Oirán algunas quejas de ciertas personas, como representantes de México y otros lugares. Pero si ellos no van a hacer el trabajo, lo haremos nosotros, y ellos lo entienden”, dijo Trump en un acto en la Casa Blanca.

Esta retórica ha trascendido las palabras para convertirse en acciones judiciales concretas.

Recientemente, Washington solicitó la extradición de 10 ciudadanos mexicanos, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntas actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de armas y narcóticos.

Ante lo que considera una extralimitación de Washington, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su “enérgico rechazo” a cualquier intromisión extranjera en los asuntos internos del país.

“Bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un Gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México”, expresó la mandataria en rueda de prensa mañanera.

Sheinbaum calificó las imputaciones del Departamento de Justicia de EE. UU. como “políticas” y denunció la falta de “pruebas claras” contra los acusados.

En este sentido, la Fiscalía General de la República (FGR) de México inició una investigación, hace unos días, para obtener toda la información necesaria para determinar si la petición de EE. UU. cuenta con fundamentos legales.

Al respecto, el fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la FGR, Ulises Lara López, señaló que la solicitud estadounidense “no se acompaña de elementos probatorios suficientes que aporten evidencias contundentes respecto de los hechos narrados”.

La defensa de la soberanía por parte de Sheinbaum no es solo retórica, sino que se sustenta en incidentes recientes sobre el terreno.

La presidenta aseguró que la soberanía nacional “no está a negociación con ningún país”, incluido Estados Unidos, en referencia a la presunta participación de agentes estadounidenses en operativos antidrogas realizados en el estado mexicano de Chihuahua.

Este reclamo surge tras el accidente del 19 de abril, donde dos agentes vinculados a la Embajada de Estados Unidos y dos funcionarios de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) del estado de Chihuahua (norte) murieron en un accidente, cuando regresaban de un operativo contra un laboratorio de drogas en el municipio de Morelos, en ese estado del norte de México.

“No puede haber agentes extranjeros no acreditados en México operando en territorio (nacional), porque está en contra de la ley y la Constitución”, insistió la mandataria, por lo que respaldó la investigación de la FGR para “saber si hubo injerencia de agentes extranjeros”.

Según analistas, esta serie de presiones judiciales y retóricas responde a la política antidroga de Washington.

El asesor principal y director de la lucha antiterrorista de la Casa Blanca, Sebastian Gorka, detalló que la nueva estrategia nacional contra el terrorismo se centra en la “neutralización” de las amenazas hemisféricas “mediante la desarticulación de las operaciones de los cárteles hasta que estos grupos sean incapaces de introducir sus drogas” en Estados Unidos.

Ante este despliegue de fuerza, la opinión pública en México ha reaccionado con severas críticas.

En uno de sus editoriales recientes, el diario de circulación nacional “La Jornada” señaló que “por la forma, el contenido y el momento en que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó los cargos contra el gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros ocho funcionarios y exfuncionarios de la entidad, así como las correspondientes solicitudes con fines de extradición por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa, no pueden considerarse simples medidas judiciales; son, en cambio, acciones de injerencia política cargadas, para colmo, con una amenaza implícita”.

Por su parte, el articulista Fernando Martínez González publicó en el rotativo “La Crónica de Hoy” que lo sucedido con los políticos de Sinaloa marca el inicio “de una doctrina más agresiva, con la aplicación de justicia extraterritorial sobre actores políticos cuando existan indicios de colusión con el crimen organizado”.

“Esta acción envía un poderoso mensaje político en el que Estados Unidos anuncia su intención de actuar de manera unilateral cuando considere que la corrupción en México impacta su seguridad nacional”, agregó Martínez González.

De esta manera, las diferencias en torno a las acusaciones judiciales y las amenazas de intervención podrían marcar una nueva etapa de fricciones diplomáticas entre ambos países en materia de seguridad y combate al narcotráfico.