La violencia ejercida contra la prensa en México no es producto de hechos aislados, sino de un modelo estructural de impunidad alimentado por las propias instituciones del Estado, así lo denunciaron diversas organizaciones civiles.
Al presentar el reporte titulado “Prohibido Investigar. La impunidad sostenida en crímenes contra periodistas en Veracruz”, se advierte que las fallas detectadas en dicha entidad son un reflejo de la crisis de seguridad que enfrentan los comunicadores en todo el país.
El documento detalla una etapa particularmente letal en la entidad: entre 2010 y 2016, durante la administración del exgobernador priista Javier Duarte de Ochoa, cuando afirman que se registró el asesinato de un periodista cada tres meses, sumando un total de 18 víctimas en ese sexenio.
El estudio profundizó en los homicidios de comunicadores como Miguel Ángel López Velasco, Yolanda Ordaz de la Cruz y Misael López Solana, ocurridos entre 2011 y 2012.
Esta tendencia violenta persiste en la actualidad. De acuerdo con datos de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), desde 2016 a la fecha se contabilizan 15 crímenes contra la prensa en el estado, de los que tres han ocurrido en lo que va de 2026.
FALLAS SISTÉMICAS Y “GOBERNANZA CRIMINAL”
Omar Gómez Trejo, coautor de la investigación, señaló que se identificaron 14 deficiencias recurrentes en los expedientes judiciales, tales como la fragmentación de las indagatorias, omisiones ministeriales y la ausencia de análisis sobre el contexto de riesgo de los periodistas.
El experto alertó que esto no obedece a negligencias individuales, sino a un “patrón institucional” que evita desarticular las redes de poder detrás de las agresiones.
El informe atribuye esta dinámica a una “gobernanza criminal”, un entorno donde convergen intereses del crimen organizado, autoridades y actores económicos para perpetuar la falta de justicia.
Al respecto, Maia Campbell, representante de ONU-DH, enfatizó que las investigaciones no deben limitarse a casos aislados, sino que es imperativo identificar estructuras criminales y los vínculos entre los distintos ataques.
MÉXICO, FOCO ROJO PARA LA LIBERTAD DE PRENSA
La problemática de Veracruz se replica en otras regiones como Tamaulipas, Sinaloa, Guerrero y Michoacán.
Según la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026 de Reporteros Sin Fronteras (RSF), México ocupa el puesto 122 de 180 naciones, consolidándose como el país más peligroso de América para ejercer el periodismo desde hace 15 años.
Finalmente, familiares de las víctimas reclamaron la ineficacia de los mecanismos de protección y la falta de sentencias tras más de una década de ocurridos los crímenes.
Yazmín López, hija del periodista asesinado Miguel Ángel López Velasco, sentenció durante la presentación: “Mientras no haya justicia por cada compañero caído o desaparecido, la democracia seguirá siendo inconclusa”.
