La reforma a la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, precisa que la Federación, entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México deberán establecer acciones que promuevan el acceso equitativo a los bienes, servicios y actividades culturales, con especial atención a zonas rurales, marginadas, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, con programas comunitarios e itinerantes.

Asimismo, el acceso universal a la cultura en las diversas lenguas nacionales reconocidas para aprovechar los recursos de las tecnologías de la información y las comunicaciones, “mediante la cultura digital y el desarrollo de plataformas públicas, que garanticen mayor cobertura y difusión de la diversidad cultural existente”.

La iniciativa, enviada a la Comisión de Cultura y Cinematografía, expone que el derecho de acceso a la cultura, reconocido en el artículo 4º constitucional, exige que el Estado adopte los mecanismos necesarios para que cualquier persona tenga acceso y disfrute de los servicios que presta en dicha materia.

Asimismo, que se promuevan los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa.

El documento indica que los derechos culturales deben incluir educación, expresión artística, derechos lingüísticos, identidad, patrimonio natural y participación en la vida cultural, así como garantizar que toda y todo mexicano tenga acceso a los bienes y servicios culturales como museos, música, zonas arqueológicas y al estudio de cualquier manifestación artística.

Expone que actualmente las tecnologías de la información y comunicación representan una herramienta estratégica para democratizar el acceso a bienes culturales, preservar el patrimonio e impulsar la creación artística.

El marco normativo vigente no establece de manera precisa la integración y el uso de tecnologías digitales como eje medular en la implementación de políticas culturales, lo cual limita el alcance en comunidades rurales, marginadas o de difícil acceso, así como en sectores de la población históricamente excluidos, advierte.

Añade que ante la necesidad de reconocer que México es un país de enorme riqueza cultural se debe fortalecer el entramado jurídico, a fin de incorporar de manera obligatoria el uso de herramientas, medios y plataformas digitales para la difusión y acceso a la cultura, garantizando los criterios de inclusión, accesibilidad universal y salvaguarda del patrimonio.

Puntualiza la necesidad de consolidar un modelo de política cultural moderno, abierto, interoperable y con enfoque de derechos humano, que contribuya a la construcción de una ciudadanía culturalmente activa y participativa.