BOGOTÁ, 8 sep (Xinhua) — La Tercera División del Ejército de Colombia confirmó la noche de este domingo a través de un comunicado que 45 militares permanecen secuestrados en el municipio El Tambo por un grupo de personas asociadas con disidencias de las FARC, tras operaciones contra el narcotráfico desarrollados en el Cañón del Micay, departamento suroccidental del Cauca. “Aproximadamente 600 personas, presuntamente en connivencia con integrantes del grupo armado organizado residual (GAO-r) estructura criminal Carlos Patiño, obstaculizaron el despliegue de las tropas con el propósito de impedir el cumplimiento de sus funciones en la zona”, explicó. “Estos hechos representan graves violaciones a los derechos fundamentales ya la Constitución”, advirtió la institución que llamó a la comunidad de la región a aportar información que permita la identificación de quienes lideraron esta acción delictiva. De otro lado, el presidente colombiano, Gustavo Petro, en su cuenta de X envió un mensaje en el que pidió a la comunidad instrumentalizada por el grupo armado ilegal que liberen a los militares y se unan a la apuesta de su Gobierno de sustitución de cultivos ilícitos. “El campesinado del Micay sabe que es hora de empezar la sustitución de cultivos de manera pacífica. Es la oportunidad. Dejen a los soldados libres, pueden ser sus hijos. Los hijos de Colombia deben abrazarse y sobrevivir a sus padres. La comisión de diálogo está lista y es palabra del presidente”, manifestó. Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, repudió la retención de los militares y aseguró que el Ejército continúa en el lugar de los hechos y ya se adelanta el proceso de identificación de los responsables directores del secuestro. El pasado mes de junio en el mismo municipio, 57 militares fueron secuestrados bajo la misma modalidad y tras su rescate, los civiles que fueron presionados por miembros de la estructura criminal Carlos Patiño fueron puestos a disposición de las autoridades. También el pasado 26 de agosto, 33 soldados fueron retenidos por personas de civiles en la zona rural del departamento de Guaviare y fueron liberados días después tras la mediación de la Defensoría del Pueblo, de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA) y de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.