La prohibición de importación, venta y distribución del presidente López Obrador ha causado controversias.

Por Alicia Yolanda Reyes.

A pesar de que estaba prohibida la importación y comercialización de los cigarrillos electrónicos desde 2021, estos se seguían ofertando abiertamente, tanto en tiendas y tianguis, como en internet.
A últimas fechas incluso se colocaron en varias plazas de todo el país máquinas expendedoras que ponían al alcance de niños y adolescente la adquisición de estos adminículos.
Algunos gobiernos municipales dieron permisos para que fueran colocados, pero la gran mayoría, simplemente llegaban y las colocaban.
La denuncia ciudadana logró que se retiraran algunas de estas máquinas, pero en la mayoría de las ocasiones, solo las cambiaban de lugar.
Por eso el decreto presidencial, de la prohibición de la importación, producción y comercialización de los cigarrillos electrónicos del 31 de mayo es tan importante.
Las tabacaleras por supuesto han protestado, acusan al gobierno de impedir la venta de un artículo, que, según ellos, “ayuda a dejar de fumar”, cuando en la práctica es todo lo contrario, ya que un 50 % de los/las chavos/as que inician con el cigarrillo electrónico, migran al cigarro convencional, e incluso combinan ambos.
Cofepris tiene ahora un sustento legal para intervenir, clausurar y retirar estos productos del mercado, basados en la Ley General de Salud.
Las enfermedades y fallecimientos de quienes consumen el cigarrillo electrónico se dan al poco tiempo del inicio; la razón es que es más agresivos con las vías respiratorias.

El fumador de primera y segunda mano resultan afectadas, ya que son aerosoles los que penetran a las vías respiratorias y producen inflamación crónica.
Hay una corriente de neumólogos, oncólogos e internistas que están proponiendo que en la historia clínica de quienes ingresan a los hospitales, e incluso medicina de primer nivel se incluya el uso o exposición de vapeadores, para poder documentar la incidencia de enfermedades y muerte por ese dispositivo.
Legisladores/as de Movimiento Ciudadano están promoviendo una regulación de estos dispositivos, desde mi punto de vista personal es parecido a lo que se hace en Estados Unidos con las armas, a sabiendas de que son causa de muertes prematuras.
Los vapeadores, como los cigarrillos convencionales son dañinos y causan muertes, esto nadie lo puede negar.
Me parece criminal que las tabacaleras produzcan y promuevan éstos a sabiendas de las consecuencias, sobre la salud.
El sector salud gasta más de 70 mil millones de pesos en atender cuatro de las principales enfermedades que causa el tabaquismo, a esto habría que sumarle las que causan los vapeadores.
La salud de las personas tiene y debe de estar por encima de los intereses comerciales de las tabacaleras. Ya basta (alciayolandar@hotmail.com)